EL Consejo General de la Abogacía tiene previsto presentar mañana lunes ante la Audiencia Nacional un recurso contra la orden ministerial de aplicación del pago de las tasas judiciales en aplicación de la reforma de la Ley elaborada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El objetivo de este recurso es la suspensión cautelar de las tasas que la nueva norma obliga a abonar a los ciudadanos para acceder a la justicia, en tanto que el Tribunal Constitucional no se pronuncie al respecto tras las apelaciones presentadas por la Junta de Andalucía y la anunciada por el PSOE. La Ley, que lleva en vigor poco más de un mes, está siendo objeto de durísimas críticas por parte de la oposición, de los más diversos sectores que intervienen en la justicia y por organizaciones e instituciones de todo tipo y color ideológico. La consideración de que el abono de, en algunos casos, elevadas tasas por acudir a la justicia en casos como un juicio por divorcio, recursos de comunidades de vecinos o de simples multas o apelaciones a sentencias que se consideran injustas o erróneas puede vulnerar la igualdad en el acceso a la Justicia y a obtener la tutela judicial efectiva no es en modo alguno exagerada. Quienes trabajan día a día en la administración de justicia -y sin excepciones, desde jueces y magistrados a fiscales, abogados y secretarios- han dado ya la voz de alarma sobre el acusado descenso, que algunos cifran en un 30%, que se ha producido en el número de procedimientos civiles desde que la nueva ley entró en vigor. Sin entrar en argumentos que pueden caer en la demagogia sobre la imposición de una "justicia solo para ricos", la reforma puesta en marcha por el Gobierno del PP sí pone en riesgo derechos ciudadanos básicos y viene a cuestionar de forma tan grave como grosera principios democráticos que deberían ser intocables, como la tutela judicial. El ministro Ruiz-Gallardón no solo se ha equivocado de plano en la letra sino también en el espíritu. En consonancia con el abusivo rodillo que aplica el Partido Popular merced a su mayoría absoluta, no negoció la ley más que consigo mismo y su soberbia le impidió también matizar el alcance de la reforma. La marcha atrás en la aplicación de las tasas judiciales parece complicada, pero cada vez más necesaria. O lo hacen Gallardón-Rajoy o quizá lo haga el Tribunal Constitucional.