LA presentación por el consejero de Economía y Hacienda, Ricardo Gatzagaetxebarria, de las líneas maestras de los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca para este 2013 en curso avanzan la exigencia de nuevos esfuerzos al sector público y, por tanto, a una sociedad que ya hasta la fecha ha venido soportando las consecuencias de las dos vertientes -global y local- de la crisis económica. La caída de ingresos, no por esperada menos importante, de hasta el 11,5% respecto al pasado año, lo que supone reducir la disponibilidad en 1.200 millones de euros (de los 10.450 millones de 2012 a los 9.250 de 2013), obliga a ello especialmente si, como se anuncia, se trata de mantener en lo posible la financiación de las áreas que engloban lo que se entiende como estado de bienestar: sanidad, educación y servicios sociales. Porque compaginar el mantenimiento de los niveles de atención sanitarios, educativos o sociales supondrá, en realidad, incrementar el esfuerzo económico en un ejercicio para el que se contempla otro aumento del desempleo -el propio gobierno calcula en 19.000 los puestos de trabajo que se destruirán en 2013 y Confebask eleva la cifra a 22.000- y una nueva caída de la actividad que superará en tres décimas las previsiones del anterior Ejecutivo vasco. Es decir, si los ingresos se reducen y la financiación pública del estado del bienestar supone casi siete de cada diez euros extraídos de las arcas públicas, la detracción de las cuentas de la imprescindible inversión para la segunda prioridad, la de generar desarrollo, actividad y empleo; obliga a una contención del gasto corriente que el anterior gobierno no acometió y trasladó a un incremento de deuda y de los intereses a satisfacer también durante este ejercicio. Y esa contención incluye -obligatoriamente- la congelación de plantillas y salarios aun bajo el riesgo de que se vuelva retraer el consumo, con su consiguiente incidencia en lo que se prevé inicio de recuperación de 2014. Ahora bien, todo ello conlleva también un peligro más agudo, el de rebasar los límites de la disposición de la sociedad para asumir las consecuencias de una crisis en cuya gestación y gestión no ha participado. Y eso obliga a cumplir escrupulosamente con el sostenimiento de las herramientas públicas de bienestar a las que, según se anuncia, se dedicarán los resultados de su esfuerzo.