Presos, derechos y capitalización

LA convocatoria por la plataforma Herrira de una manifestación hoy en Bilbao bajo el lema Derechos humanos, solución, paz, presos y presas vascos a Euskal Herria, secundada por numerosos colectivos y agentes sociales y políticos, ha servido para incentivar el debate sobre la situación de los reclusos pero también para activar una nada desinteresada polémica política en torno a la misma. Es evidente, en base a los principios democráticos pero también a los fundamentos de la ética, que los derechos de los presos, entre los que se encuentran los de cumplir su pena en prisiones cercanas a su ámbito social y el de la estricta observancia de la legalidad en cuanto al objetivo de la reinserción -también respecto al cumplimiento de penas- deben hacerse efectivos de forma independiente a consideraciones políticas o ideológicas. Pero también lo es que ese mismo objetivo de la reinserción lleva intrínseca la aceptación final por el reo del mal cometido y, en su caso, una retractación del mismo que, en el caso del colectivo de los presos políticos vascos, no se han producido. Como tampoco se ha llevado a efecto lo que haría que ambas premisas, aun siendo más que oportunas, no fuesen imprescindibles: la disolución de ETA como grupo que ha impulsado, razonado y justificado sus delitos, incluidas conculcaciones de derechos humanos de extrema gravedad. Dichas carencias explican sobradamente que también haya numerosos colectivos y agentes sociales y políticos y amplias capas de la población que no respaldan la convocatoria de hoy aun si defienden con ahínco -y en muchas ocasiones con labores alejadas de los focos mediáticos- el cumplimiento de todos y cada uno de los derechos de los presos y el respeto estricto de la legalidad que los contempla y, en su caso, la derogación de aquellos aspectos jurídicos que los limitan. Siendo esto así, la pretensión de la izquierda aber-tzale de utilizar políticamente ese nada desdeñable matiz que distancia no de la defensa de los derechos de los reclusos sino de la actitud que mantiene el denominado colectivo sólo puede entenderse como un intento de capitalizar políticamente la manifestación. Y esto conlleva un notorio riesgo de desvirtuar lo que se pretende por objetivo y da la razón a quienes muestran serias reticencias a secundar la convocatoria aun estando de acuerdo con sus exigencias.