La trama y el rey

LA entrega por la defensa de Diego Torres, exsocio del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, al Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma de Mallorca encargado de investigar el desvío de fondos públicos a través de Instituto Nóos, de correos electrónicos que muestran el conocimiento de actividades del instituto por parte de Corinna Sayn-Wittgenstein -noble de origen alemán relacionada estrechamente con Juan Carlos I de Borbón, a quien acompañaba en el Pamushana Lodge de Botswana cuando el monarca español sufrió un accidente durante un safari de elefantes-, refuerza los ya importantes interrogantes respecto al conocimiento o participación de este y la Casa Real en el entramado por el que el yerno del rey y sus socios recibieron más de quince millones de euros de 102 instituciones y empresas, incluyendo contrataciones irregulares por valor de seis millones de euros con los gobiernos de Baleares y Valencia, ambos del PP y foco de reiteradas acusaciones -algunas de ellas probadas y juzgadas- de corrupción. Dichos interrogantes no pueden ser respondidos, ni acallados, con un supuesto alejamiento familiar, ni con la parcial y muy incompleta publicación del desglose de parte de los 8,5 millones de euros que Juan Carlos I recibe de los Presupuestos Generales del Estado para su "libre" distribución en virtud del art. 65.1 de la obsoleta Constitución, ni con campañas mediáticas de imagen que incluyen novedosas presencias en internet o melifluas entrevistas televisivas, tampoco con la que se dice posible imputación del yerno del monarca. Si ya la constatación de que la infanta Cristina participaba de las decisiones de la Junta Directiva de Nóos y el hecho de que el secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga, nombrado por el propio Juan Carlos en 1993, fuese el tesorero de dicho instituto ampliaban las implicaciones en la Casa Real, la relación con Nóos de alguien tan cercano al rey como Corinna Sayn-Wittgenstein y su presencia en Valencia Summit, uno de los actos investigados por el desvío de fondos públicos, es el primer indicio, aunque no el único, de una relación directa del Jefe del Estado con el caso y sitúa al Gobierno español, al que el mismo art. 65 designa responsable de los actos reales, ante la obligación de exigir, también por responsabilidad ante la ciudadanía, las respuestas que, hasta el momento, Juan Carlos I se resiste a dar.