La Administración, a dieta

LA propuesta de Redimensionamiento de la Administración Institucional y Empresarial del Sector Público que el lehendakari Iñigo Urkullu presentó ayer en el Consejo del Gobierno vasco responde a la misma exigencia de contención del gasto gubernamental que le llevó a efectuar una drástica reducción del gabinete tanto en cuanto a número de carteras como de altos cargos de las mismas en cumplimiento no solo de una necesidad presupuestaria, sino también de una promesa hecha explícita en campaña electoral y reiterada en su discurso de investidura. La decisión de reducir la estructura pública en un 25%, que afectará a 79 organismos (51 entidades, 10 organismos autónomos y 9 entes públicos de derecho privado) y 132 entidades que son participadas directamente por el Ejecutivo vasco, es en cualquier caso obligada con una reducción presupuestaria de 1.400 millones, mucho más después de que el anterior gobierno apenas realizara dicha reducción en Agricultura (de 43 a 16) y la esbozara en la Spri (de 29 a 25). La CAV no es, además, la primera comunidad autónoma que se plantea un objetivo similar -Catalunya también se ha fijado el del -25% y ya ha reducido sus empresas públicas de 272 a 215-, aunque las exigencias económicas sean tan diferentes como las condiciones en que se efectúa dicha reducción del sector público que, por ejemplo, en Andalucía ha costado ya más de 25.000 empleos. En ese sentido, el hecho de no encorsetar la reforma a un montante económico determinado y de no dotarla de una limitación temporal, ya que se extenderá a lo largo de la legislatura, responde a la cautela que se precisa para que la reducción del sector público suponga un reordenamiento que conlleve, sí, la reducción del 20% de sus estructuras directivas pero no implique despidos ni afectación a los servicios que sus empresas prestan a la sociedad. La dificultad de conjugar todas esas premisas es obvia, pero el Ejecutivo que preside Urkullu cuenta con la experiencia de la reestructuración que se ha realizado en Bizkaia tras la fusión en mayo de 2010 de cuatro empresas públicas en una sola agencia y posteriormente, a partir de junio de 2011, con la reducción del gobierno foral, que también implicó la eliminación de un porcentaje relevante de empresas públicas y cargos directivos.