La volatilidad interesada de las pensiones

LA posibilidad de que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy utilice hoy el último consejo del año para, a través de la aprobación de su reglamento, ajustar la reforma de las pensiones que aprobó el gabinete de Rodríguez Zapatero en 2011 antes de que esta entre en vigor el día 1 supondrá en la práctica el tercer cambio que afecta a la jubilación en el Estado en apenas año y medio si se contabiliza que la reforma laboral en vigor desde el pasado junio ya modificó su carácter obligatorio para hacerla voluntaria. Tamaña volatilidad normativa, que tiene su origen en análisis de la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social desde presunciones meramente ideológicas y con objetivos a corto plazo -aunque utilicen para ello horizontes apocalípticos a medio o largo- se genera además fuera del Pacto de Toledo, el marco de consenso obligatorio acordado para cualquier modificación que afecte a las pensiones, y constituye un nuevo incumplimiento flagrante de las posiciones que sigue defendiendo públicamente el Ejecutivo. Con el agravante de que se falta a la verdad y se acusa gratuitamente al ciudadano al tratar, además, de justificar el retraso de la edad mínima de prejubilación en una supuesta práctica abusiva de la jubilación anticipada cuando el propio Ecofin ha situado la edad real de acceso a la misma en el Estado español en los 63,8 años, ya hoy una de las más elevadas de toda la Unión Europea. Lo que se pretende, en realidad, es conjugar ese retraso con la aplicación de la voluntariedad de la jubilación y llevar la precarización del mercado de trabajo que afecta a los primeros años de empleo también a quienes están cerca de completar, se entiende que satisfactoriamente, la vida laboral. Y una vez más y como ha llegado a admitir el propio secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, con el único fin de "aplicar las recomendaciones de la Unión Europea", surgidas de la teórica necesidad del Estado de considerar premisa prioritaria la reducción del déficit y de las condiciones impuestas por las ayudas -que empiezan a temerse fallidas en algunas casos- al sistema financiero español que, sin embargo, recaen de nuevo en las capas sociales más afectadas por la crisis, especialmente en este caso los parados de más de 50 años que constituyen hoy el 50% de quienes acceden a la prejubilación.