LA desmedida reacción mediática y política que surge desde Madrid tras el acuerdo sellado por CiU y ERC para dotar a Catalunya de estabilidad gubernamental y de un camino pautado hacia la consulta a sus ciudadanos respecto a la posibilidad de constituirse en Estado dentro del marco europeo pretende ignorar tres aspectos fundamentales de dicho pacto. En primer lugar, que se sustenta en la legitimidad democrática de una amplísima mayoría parlamentaria -71 de los 135 escaños del Parlament- pero ante todo social, por cuanto dos tercios de los votantes del pasado 25-N -2.140.317 electores del total de 3.657.450 en unas elecciones con un 70% de participación- apoyaron a formaciones que defienden e impulsan dicha consulta. En segundo lugar, que si Catalunya ha llegado a esta situación de abrumadora mayoría lo ha hecho precisamente por anteriores reacciones fuera de medida y respeto democrático que desde el Estado español se han provocado y producido frente a las aspiraciones del pueblo catalán de un incremento del autogobierno dentro de la estructura estatal, llegando a cepillar u obviar acuerdos parlamentarios mayoritarios y respaldos plebiscitarios. Y en tercer lugar, que dicha negativa reiterada ha desembocado en una sensación de inmenso agravio cuando los catalanes han percibido que les impedía dotarse de herramientas imprescindibles para hacer frente a la crisis económica y las graves consecuencias sociales que esta ha comenzado a tener en la sociedad catalana. Hasta el punto de que todo ello ha empujado a CiU y ERC a superar las notorias diferencias ideológicas y programáticas de ambas formaciones e incluso las reticencias internas en las mismas para, con riesgo y esfuerzo políticos -y personales si se tienen en cuenta ciertas campañas mediáticas- evidentes, dotar a Catalunya de la gobernabilidad imprescindible tanto para hacer frente a la crisis como para iniciar lo que el acuerdo define como su "transición nacional". Y solo si los poderes del Estado racionalizan y desnacionalizan su reacción para hallar los puntos de encuentro que podrían satisfacer las exigencias catalanas, tratando de adecuar la ley al derecho que la legitimidad democrática les otorga, podrán encauzar la relación con una mayoría social que hoy camina inexorablemente hacia la ruptura.