La ley frente a los decretos

AL primer Consejo de Gobierno con Iñigo Urkullu como lehendakari se llegó ayer con dos conflictos competenciales candentes ante la invasión por el Gobierno español, vía decreto ley, de las atribuciones que el Estatuto de Gernika atribuye a Euskadi en el campo de la ordenación sanitaria y la función pública. Y dicho Consejo ha desvelado el fin y los medios del Ejecutivo vasco respecto a dicha invasión, también ante el nítido afán recentralizador que parece acompañar las decisiones del Ejecutivo español desde la asunción del poder por Mariano Rajoy. Porque la lógica y esperada constatación de que el Gobierno Urkullu defenderá el autogobierno vasco llega de la mano de la confirmación de la vía legal, hasta sus últimos resquicios, como método para preservar las atribuciones del mismo. En este caso, las que se estipulan en el art. 10.8 del texto estatutario como competencia exclusiva de Euskadi ("Régimen local y Estatuto de los Funcionarios del País Vasco y de su administración local...") y las que se señalan en el art. 18.1 ("Corresponde al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de Sanidad Interior") o en el art. 18.4 ("La Comunidad Autónoma podrá organizar y administrar a tales fines, dentro de su territorio, todo los servicios relacionados ... en materia de Sanidad..."). No en vano la evidente vulneración de competencias vascas en ambos casos, pero también en otros como el de los recortes en materia educativa -y en su caso el de la reforma que pretende el ministro Wert- supone el mayor cuestionamiento del alcance de nuestro autogobierno desde que hace tres décadas, en 1982, el Congreso aprobara la Loapa y la primera institución vasca decidiera recurrirla ante el Tribunal Constitucional logrando la anulación de catorce de sus artículos. Ahora deberá ser de nuevo el TC quien acabe por pronunciarse respecto a esta nueva invasión competencial y deberá hacerlo con la prontitud necesaria para que no se produzca una vulneración continuada y mantenida de derechos políticos y sociales legalmente establecidos o, en su defecto, mediante una suspensión cautelar de la aplicación de las medidas que, por otro lado, ya se efectúa de forma automática cuando es el Gobierno español quien recurre en sentido inverso.