LAS declaraciones públicas y conversaciones privadas en torno a la aprobación de los presupuestos de las diversas instituciones que componen el entramado administrativo vasco no deberían siquiera dejar entrever el riesgo de convertir en ceremonia de confusión lo que se antoja urgencia para que, con acuerdo global o sin él, se facilite a los diferentes gobiernos sacar adelante las cuentas de 2013 lo más rápidamente posible. Por responsabilidad política, pero también por prudencia social y sentido de país, corresponde a la oposición -tanto en el ámbito nacional como en los forales o municipales- evitar conflictos que conlleven una prórroga presupuestaria que no respondería a las necesidades de una realidad que el próximo ejercicio diferirá claramente del que se pensaba afrontar cuando hace meses se aprobaron los presupuestos para el año que ahora vence. Aun cuando se marque el contenido del presupuesto a través de enmiendas parciales. En este sentido, explicitado por el lehendakari Iñigo Urkullu ya antes de su toma de posesión, debe entenderse la no presentación por el PNV de enmienda a la totalidad al proyecto de Bildu en la Diputación de Gipuzkoa. Y también la disposición del PSE a alcanzar acuerdos con el gobierno foral de Martín Garitano que en la práctica les ha llevado a retirar su enmienda global, aunque contraste con planteamientos maximalistas y advertencias de "marcas rojas" por parte de portavoces socialistas en el caso del próximo proyecto presupuestario a presentar por el recién constituido Gobierno Urkullu. Esto último, que en cualquier caso puede indicar una tendencia política para la legislatura que ahora se inicia, supondría ignorar, por parte de quien precisamente no debería hacerlo, la situación económica tras los tres años y medio de Gobierno López, con un aumento del gasto financiero por acumulación de la deuda -que ha pasado del 1% del PIB en 2008 a cerca del 8% este año y ha crecido casi dos puntos en 2012- y una reducción de los ingresos tributarios, fruto de la caída de actividad y consumo, que condicionan las cuentas. Especialmente cuando se anuncia que la prioridad de un presupuesto reducido en 1.400 millones respecto al de este año, será incentivar la inversión con el fin de limitar el principal problema del país: el desempleo.