EL unánime rechazo de la oposición en el Congreso de los Diputados al decreto ley con que el Gobierno Rajoy anula la revalorización de las pensiones y el anuncio de recurso contra el mismo ante el Tribunal Constitucional; la resistencia y denuncias desde el ámbito sanitario a las diferentes formas de copago que impulsa el Ejecutivo en la Sanidad Pública; la consideración por parte del propio CGPJ de la posible inconstitucionalidad de la reforma del Código Penal del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón; las denuncias de ignorancia de las salvaguardas competenciales que la Constitución estipula en el ámbito educativo de la reforma que ha preparado el ministro de Educación, José Ignacio Wert; la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por las fuerzas sindicales a la ya vigente reforma laboral... además de un sinfín de medidas que atentan contra los "principios rectores de la política social y económica" que la Carta Magna estipula en su capítulo III, reflejan la involución que el PP, apoyado en su mayoría absoluta, pretende y ha iniciado. Porque no se trata únicamente, aunque también, de que el decreto de las pensiones ponga en cuestión el art. 50 y la obligación de actualizar y garantizar la suficiencia económica de la tercera edad; ni de que la reforma laboral lo haga con el art. 40 y la promoción de la distribución de la renta regional y personal más equitativa y con el art. 41 y la garantía de asistencia y prestación social suficiente en caso de desempleo, ni que el copago sanitario bordee el art. 43 por el que competen a los poderes públicos las prestaciones y servicios necesarios para la protección de la salud, ni que el nuevo Código Penal destruya el principio del art. 25 por el que las penas deben orientarse a la reinserción social, ni que la ley de ejecución hipotecaria ignore el art. 47 y el derecho a una vivienda digna o que se anule el amparo que el art. 49 otorga a los dependientes... Se trata de que el PP, a través de la misma normativa básica y decretos leyes con que los sucesivos ejecutivos españoles han venido cercenando el autogobierno de las comunidades históricas -de modo evidente en lo que se refiere a Euskadi-, está situando ahora al Estado, aun a falta de que las sentencias del TC confirmen los incumplimientos, al margen de los derechos y deberes que la Constitución estipula. Es decir, en la aconstitucionalidad.
