LOS últimos y agónicos coletazos de la gestión socialista en el Gobierno vasco están confirmando las peores sospechas y, en línea con la actuación que ha venido desarrollando el Ejecutivo de Patxi López en los últimos tres años y medio, están deparando actuaciones y decisiones que no solo son de por sí problemáticas y dejarán una herencia envenenada, sino que han causado daños en algunos casos imposibles de calcular. Todo lo relacionado con la gestión del Departamento de Transportes, con el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) y el Metro de Bilbao en particular, pasará a la antología de lo que jamás debe hacerse. Pero también en otros Departamentos, donde, al parecer, el consejero se ha labrado estos últimos años una fama en un área de su administración que le ha procurado un futuro allende nuestras fronteras, se están dando decisiones difíciles de entender y que probablemente deberán zanjar los tribunales. Así, una entidad sin ánimo de lucro y que se ha granjeado el cariño, reconocimiento, admiración y agradecimiento de la ciudadanía vasca por su labor durante 46 años como la DYA ve cómo su futuro se presenta más que incierto. Esta ONG ha quedado fuera del servicio de ambulancias que realizan el transporte sanitario urgente tras el concurso convocado y licitado por el Gobierno vasco en beneficio de dos empresas privadas radicadas en Valladolid y Canarias. Se trata de una decisión controvertida por dos causas, además de por lo significativo de que un gestor socialista acometa una privatización de un servicio de este tenor. La primera es la presunta irregularidad denunciada por la DYA y por la cual recurrirá el concurso, que tiene que ver con la ausencia por parte de las firmas adjudicatarias de locales para las bases operativas en el momento de presentarse al concurso, tal y como establecían las condiciones. Pero, además, la cuestión fundamental que ha decantado la licitación es que se ha sobrevalorado en exceso el puro criterio económico -simplemente, la oferta más barata- en detrimento de los criterios técnicos, de calidad y de utilidad social, donde la DYA y la Cruz Roja tienen una puntuación excelente y una contrastada experiencia. Un criterio economicista siempre peligroso y envenenado de cara al futuro y que coloca a una entidad sin ánimo de lucro y de alto prestigio social en trance de desaparecer. Quizá un buen negocio, pero una mala decisión.