lA confirmación por el Gobierno que preside Mariano Rajoy de la no actualización de las pensiones de acuerdo al incremento del IPC a mes de noviembre sorprende casi más por el modo en que se ha intentado justificar que por el mismo hecho en sí, sospechado -y temido- pese a las reiteradas negativas del Ejecutivo y del propio Rajoy en los últimos meses. No en vano se trata de otro incumplimiento de compromiso en una larguísima lista que incluye desde la subida de impuestos e IVA al copago sanitario, pasando por la amnistía fiscal o el abaratamiento del despido. Porque razonar, como hizo ayer la vicepresidenta española Soraya Sáenz de Santamaría, en el deterioro de la situación económica el menoscabo del poder adquisitivo de millones de pensionistas sobradamente afectados por la crisis y las continuadas políticas de recorte se puede entender no ya un incumplimiento y una violación de la ley (que lo es) por segundo año consecutivo sino un absoluto desprecio a la inteligencia de una sociedad a la que se le acaba de decir que asoman los primeros (y supuestos) síntomas de recuperación y ante la que hace apenas unos meses, semanas incluso, cuando no se decía vislumbrar esos (supuestos) síntomas, se había mantenido una y otra vez que se procedería a actualizar a fin de año las pensiones. Como es un desprecio a esa misma inteligencia del ciudadano pretender, tras cinco meses de subidas consecutivas y con el fin de maquillar la diferencia entre el poder adquisitivo de las pensiones y la realidad, un repentino descenso del IPC -el más acusado en 18 meses, del 3,5% de octubre al 2,9% de noviembre- en base a depreciaciones controladas de los carburantes justo el mes y los días en que se calcula la revalorización. Aún más, justificar en ese deterioro y en el objetivo del déficit el no abono de los 2.000 millones que supondría la actualización de las pensiones al IPC, suena obsceno cuando solo el pasado setiembre, coincidiendo con la última vez que Rajoy se comprometió a no tocar las jubilaciones, el Estado inyectó a través del FROB más del doble (4.500 millones) en una sola de las entidades bancarias en quiebra: Bankia. No es, pues, la necesidad económica del Estado, pese a ser perentoria, lo que el Gobierno traslada con un ilimitado egoísmo a los pensionistas, sino las consecuencias de su gestión, trufada de condicionantes ideológicos discriminatorios.