LOS planes de reestructuración de las entidades financieras nacionalizadas en el Estado español que ayer hizo públicos el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, suponen una nueva demostración de la desigualdad que ha traído consigo una crisis provocada por los desfases que se ha permitido el sector financiero, crisis que sin embargo ha inclinado los recursos públicos a la asistencia del mismo a costa de la devaluación del poder adquisitivo y el bienestar de las familias y de la decadencia de la capacidad de las empresas pertenecientes a la denominada economía real. Así, cuando las administraciones públicas arrastran la imperiosa necesidad de recortar sus servicios conjugándola con un incremento de tasas e impuestos y del control fiscal y la economía real afronta las consecuencias, empresariales y sociales, de la falta de inversión y financiación; las cuatro entidades nacionalizadas recibirán 39.500 millones para su recapitalización -habrá que añadir otros 3.000 de entidades más pequeñas- con condiciones que en realidad no se imponen a la banca ni a los directivos responsables sino a sus trabajadores y clientes a través del cierre de más de un millar de sucursales (10.000 puestos de trabajo) y de quitas (del 39% en el caso de Bankia, que al tiempo anuncia beneficios para 2015) en preferentes vendidas a particulares en una actividad que se reconoce más que dudosamente ética -y hasta alegal- pero que se sigue permitiendo, con campañas de publicidad incluidas, a otras entidades. Así, cuando el mercado laboral y la sociedad misma se agitan ante el incremento exponencial del desempleo, que se anuncia superior a seis millones de parados, y las consecuencias de la reforma de las relaciones laborales que limita derechos de la fuerza de trabajo, las entidades nacionalizadas tendrán bula para evitar la nueva normativa laboral y podrán otorgar indemnizaciones por despido superiores a los 20 días por año trabajado merced a un acuerdo ajeno al cuerpo legislativo. Todo ello no solo supone competencia desleal para quienes no han participado del desmadre en un sector que se denomina regulado, como es el caso de las principales cajas vascas y su proyecto común, Kutxabank; sino que se constituye en afrenta para amplios sectores productivos y sociales y en previsible origen de conflicto.