LA polémica abierta entre el gobierno socialista saliente presidido por Patxi López y el PNV, partido que deberá gestionar el próximo ejecutivo bajo la presidencia de Iñigo Urkullu, cuando todavía se hallan en la antesala del proceso de traspaso de poderes, va mucho más allá de un posible encono en la relación que se presume contraproducente para una normal transición entre ejecutivos dentro de un sistema democrático. De hecho, alcanza el ámbito de la responsabilidad y el compromiso con el país y sus ciudadanos que se entienden inherentes a toda gestión pública. Porque no se trata únicamente de un problema respecto al origen de la ruptura de la confidencialidad entre las partes, aunque fuese la portavoz del gobierno López, Idoia Mendia, quien expuso públicamente algunos de los temas que pretendían incluir en la agenda cuando no se antojan procedentes en un traspaso entre gobiernos, sino del exigible celo en la gestión para completar todas las responsabilidades de la legislatura que se acaba -léase la decisión sobre la extra de los funcionarios- y la inexcusable prudencia para no invadir ni condicionar -a través de compromisos presupuestarios extendidos a otros ejercicios- las de la que ahora se inicia. De ahí la exigencia jeltzale de que López no ejecute o comprometa las partidas por valor de 640 millones de euros que pese a superar los límites de su mandato tenía previstas para sus últimos días en el gobierno. Exigencia que, sin embargo, ha obtenido por respuesta el silencio y la suspensión unilateral por el ejecutivo López de la reunión prevista para el día de ayer. Llegados a ese punto, puede entenderse un intento de restar fluidez a la asunción del Ejecutivo por el gabinete que prepara Urkullu, de dilatar los procedimientos de entrega de información y, por tanto, de limitar la capacidad de reacción del nuevo gobierno ante esas medidas que se pretende adoptar in extremis. Ello conllevaría en la otra parte, sin embargo, la necesidad de apartar cualquier presunción bienpensante para preguntarse por la intención de dicha actitud y, en consecuencia, si las medidas tienen realmente el beneficio de la sociedad como objetivo. Y una respuesta negativa encaminaría a la nueva administración a resolver si sus predecesores deben ser presentados ante la sociedad y la justicia por su nociva praxis.