¿Políticos ejemplares?

HAY personas que lo tienen muy claro: los políticos no tienen vida privada, todo cuanto podamos conocer acerca de su comportamiento fuera de focos es información si no necesaria sí al menos útil para repensar nuestro voto o como justa contrapartida al mismo.

Algunos pensamos, sin embargo, que los derechos (y el de la intimidad es uno de ellos) solo pueden limitarse en la medida necesaria para el disfrute de otros derechos y que el también constitucionalmente reconocido derecho a recibir información veraz no se extiende a toda (sería imposible) ni a cualquier terreno. Los primeros no tienen ningún problema a la hora de distinguir entre aquello sobre lo que podemos o debemos juzgar y aquello en lo que no tenemos derecho a meternos (y además trasladan el argumento a todos cuantos se considera personajes públicos porque obtienen rendimiento de su imagen y notoriedad) pero quienes no compartimos posición tan extrema estamos obligados a reflexionar.

Quienes se presentan como candidatos a las elecciones, o aceptan la designación como altos cargos en algún gobierno o administración, se someten voluntariamente a un juicio político por parte de aquellos que han contribuido o deben contribuir, directa o indirectamente, a que alcancen o mantengan tal honor y responsabilidad. No cabe voto responsable sin una mínima información y, por tanto, la cuestión es el nivel de esta que, por resultar imprescindible, no puede considerarse invasión no justificada de esos otros derechos que a también a los políticos les corresponden.

Desde luego que lo relativo a los proyectos o ideas a desarrollar en el hipotético desempeño del cargo forma parte del conocimiento necesario. También su cualificación, llamemosla profesional, para hacer verosímil (nunca la garantiza) una gestión adecuada. Y no cabe duda de que algún nivel de información en torno a la personalidad o el carácter sería de notable ayuda para escoger entre personas que no se diferencien sustancialmente en los restantes apartados, como tiende cada vez más a suceder. Pero entramos ya en terreno resbaladizo: hay serias dificultades para defender como factible el realizar responsablemente un juicio moral previo a los candidatos, e incluso uno posteriordurante el desarrollo de sus funciones.

No pretendo decir que puedan mantener cualquier tipo de conducta con tal de que realicen su tarea profesional de forma correcta y adecuada. La representación tiene un ámbito y nivel de exigencia mayores. Tan es así que en caso de incurrir en delitos (incluso no relacionados directamente con el cargo o que no conlleven ingreso en prisión y por tanto imposibilidad de desempeñarlo) la propia legislación prevé la inhabilitación como pena accesoria. Lo que quiero decir es que, fuera de estos supuestos, que por eso han adquirido virtualidad legal, tropezamos con serias dificultades para extraer conclusiones de una evaluación moral responsable. Veamos por qué.

En primer lugar, hay que recordar que elegimos políticos no santos. Y lo que no escogemos por ser, no podemos exigir que sea. A la Iglesia le lleva demasiados años y complejos procedimientos adivinar la santidad (dejando aparte el requisito de la intercesión en milagros) como para exigir a un simple ciudadano que lo haga razonablemente.

Carecemos de información sobre la aptitud profesional (el por qué se le pone donde se le pone y no tal vez a otro o en otro lugar) de la mayoría de los políticos desde el momento en que los medios de comunicación nos la proporcionan, todo lo más, sobre los líderes o cabezas de lista. Y disponemos de un conocimiento derivado principalmente de estas fuentes, que no son ni neutrales ni desinteresadas sino todo lo contrario, muy proclives al denuesto o la hagiografía según sus prejuicios e intereses y que seleccionan, en general, la información a divulgar en virtud de criterios muy lejanos del de habilitarnos para juzgar desde perspectivas éticas. Los mismos medios que tanta repercusión han proporcionado al vídeo masturbatorio de una concejala y que organizan sesudos debates sobre si debe o no dimitir, han hecho escasísimas referencias a su trayectoria profesional y a si presenta iniciativas, asiste a sesiones o informa adecuadamente a los vecinos sobre su labor.

¿Cómo vamos entonces a juzgar moralmente a gente a la que mayoritariamente votamos sin conocer en absoluto, sin saber ni sus nombres ni quienes son en la mayoría de las ocasiones? ¿Cómo vamos a juzgar moralmente a personas que no sabemos a través de qué mecanismos o en virtud de qué circunstancias (y por tanto con qué hipotecas) han sido elegidas en las listas cerradas de los partidos? ¿Cómo pretendemos juzgar moralmente a otros desde nuestras particulares convicciones, acaso sustancialmente diferentes de las que esos mismos tienen, por pautas de conducta? En última instancia, si no les he votado por certeza o sospecha de divergencia moral, ¿tengo yo desde una perspectiva ética algo que decir? ¿Cómo puedo pretender la absolución moral si, por limitaciones evidentes de capacidad, solo juzgo a algunos, a aquellos de los que me siento más alejado por ejemplo, sin someter a idéntico examen a los restantes?

Y si no es para realizar un juicio moral, para obtener conclusiones de esta naturaleza y reclamar en su virtud las actitudes y medidas que correspondan, ¿para qué quiero conocer la orientación sexual de nadie, si se acuesta con su presunta pareja o con cualquiera menos con ella, si disfruta del sol tal y como vino al mundo o si le pega al gin-tonic hasta ponerse ciego sin molestar a nadie? ¿Merece ese interés la protección como derecho?

Hay una diferencia básica entre elegir y juzgar. Entre tener interés y tener derecho. Entre manifestar preferencias y dictar sentencias. Entre criticar y condenar. Y entre intentar saber en qué medida responden los personajes públicos a la confianza, el cariño o la admiración que sentimos por ellos (por una determinada imagen que tenemos de ellos) y creer que porque voto o pago mis impuestos son meros objetos que puedo utilizar como me plazca, personas sometidas a juicios sin defensa y acusaciones con presunción de culpabilidad. Y sin embargo no hacemos más que olvidarlo. Pretendemos políticos ejemplares ¡y menudo ejemplo que damos a la hora de tratar con ellos¡