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La cerrazón de Estado

España ha rechazado en tres ocasiones y a través de sus tres poderes los intentos de acuerdo que los parlamentos vasco y catalán le han presentado para encauzar su relación y las mayoritarias aspiraciones de autogobierno de sus sociedades

EL inflexible rechazo del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, a la propuesta trasladada por el president de la Generalitat, Artur Mas, de convenir un pacto fiscal que otorgase a Catalunya plenas capacidades tributarias es otra evidencia de la cerrazón del Estado español ante las históricas singularidades y las aspiraciones mayoritarias en las naciones que pretende mantener dentro de su estructura. Una cerrazón que prolonga el problema de encaje de estas naciones, aumenta la distancia entre las sociedades respectivas y le impide establecer con ellas una relación consistente, basada en la lógica y el respeto democrático. Rajoy, en su reunión con Mas, ha encarnado al mismo Estado español que cerró la puerta al Nuevo Estatuto Político de Euskadi aprobado por mayoría del Parlamento Vasco en diciembre de 2004 y rechazado después sin entrar en su discusión por el Congreso en febrero de 2005. Al mismo Estado español que en junio de 2010, a través del Tribunal Constitucional, despreció la decisión del Parlament de Catalunya y la de la sociedad catalana al reformar y desvalorizar el Estatuto aprobado en referéndum en junio de 2006. Porque, ayer, al desoír la propuesta de pacto fiscal trasladada por Artur Mas, Rajoy no rechazaba, como ha tratado de hacer ver el entramado mediático-político de Madrid, un planteamiento puramente nacionalista, sino el deseo de una mayoría social y democrática de una de las naciones históricas que trató de englobar con el Estado autonómico: la propuesta aprobada el 25 de julio por mayoría absoluta del Parlament -el 82,5% de los votos-, con el apoyo también del PSC salvo en su abstención al punto de la creación de una agencia tributaria propia. En siete años, en definitiva, el Estado español ha rechazado en tres ocasiones y a través de sus tres poderes -el legislativo, en el caso del Nuevo Estatuto de Euskadi; el judicial en el del Estatut de 2006 y el Ejecutivo ahora- los intentos de acuerdo que los parlamentos vasco y catalán le han presentado para encauzar su relación y las mayoritarias aspiraciones de autogobierno de las sociedades que representan. Y lo ha hecho, lo vuelve a hacer, con el único argumento de una Constitución que toma como dogma inmutable a imponer, consecuencia de una muy escasa cultura democrática que impide el acuerdo y, en consecuencia, aboca a iniciativas unilaterales.