El pretexto del consejero

LA confirmación por parte de la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, de la pretensión ya filtrada con anterioridad por el consejero de Economía, Carlos Aguirre, de retrasar la convocatoria del Consejo Vasco de Finanzas (CVF) hasta después de las elecciones al Parlamento Vasco del próximo 21 de octubre ni siquiera debería suponer debate alguno en cuanto que de llevarse a efecto supondría incumplir la ley 27/1983 de 25 de noviembre de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos que, en su art. 29.1, especifica que "dentro del plazo máximo de los quince primeros días naturales del mes de octubre de cada año, el Consejo Vasco de Finanzas fijará para el ejercicio siguiente las aportaciones que deberán efectuar las Diputaciones Forales a los gastos presupuestarios de la Comunidad Autónoma". Sin embargo, el Gobierno que preside Patxi López no solo pretende el incumplimiento de la conocida como Ley de Territorios Históricos sino que lo hace con la irresponsabilidad añadida de conocer que dicho periodo temporal se especificó con el fin de permitir la elaboración de los presupuestos en los distintos niveles institucionales de la Comunidad Autónoma Vasca, desde el propio Ejecutivo hasta los ayuntamientos. El pretexto de que la reunión del Consejo Vasco de Finanzas no interfiera en el debate electoral es, en ese sentido, tan inconsistente que no lo hizo en las tres ocasiones (1990, 1994 y 1998) en que dicha cita y unas elecciones al Parlamento Vasco habían coincidido. Concretamente la última vez, en 1998, el Consejo se reunió con absoluta normalidad el 5 de octubre, 20 días antes de la jornada electoral. Además y en todo caso ha sido el propio Carlos Aguirre el que ha introducido al órgano de coordinación en el debate público y electoral con el anuncio de su intención de retrasar la reunión, anuncio que además no había sido comunicado oficialmente a las diputaciones. Todo ello puede llevar además a considerar la posibilidad de que el Gobierno López pretenda seguir ocultando la realidad económica de su gestión -pese a que esta es evidente- aun a costa de condicionar la actividad presupuestaria de diputaciones y ayuntamientos e, incluso, de acabar limitándola al tratar de utilizar previsiones de recaudación desactualizadas con el fin de maquillar su propio balance.