LA reforma de la Ley Orgánica de Educación que prepara el ministerio dirigido por José Ignacio Wert y de la que ayer se conocieron públicamente sus líneas generales supone en la práctica la utilización de la mayoría absoluta del PP para una reconsideración general de aspectos principales de la LOE que el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero sacó adelante en 2006 con un amplio consenso y el único voto en contra de los populares. Y lo hace además desde el mismo perfil ideológico con que la ministra Pilar del Castillo, en la segunda legislatura de José María Aznar, la de la mayoría absoluta, arrumbó en 2002 la LOGSE que había dirigido y modernizado la educación en el Estado durante doce años a través de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación que, sin embargo, no llegaría a aplicarse ante la pérdida del gobierno por los populares. En otras palabras, la legislación educativa, que en el Estado español había permanecido inalterable durante más de un siglo -desde la Ley Moyano de 1857 hasta la Ley General de Educación del franquismo ya en 1970- ha ido viéndose alterada por el signo político del partido que ha ocupado el gobierno, lo que de hecho impide consolidar directrices educativas y somete la enseñanza a una interpretación ideológica ajena a los objetivos educacionales (más allá de un afán resultadista ante el informe PISA), y dañina para la calidad de la misma. Y es precisamente esa interpretación ideológica y no, como pretende Wert, el afán de asegurar una educación común -que por otra parte ya existe- la que está detrás del efecto recentralizador que causará la reforma al rebajar en un 10% las competencias vascas para diseñar los contenidos, al pretenderse ahora unilateralmente que sean de discreción estatal en un 65% a pesar del art. 16 del Estatuto de Gernika que, "en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Constitución" contempla como competencia de la CAPV "la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades" y a que ni el art. 27 ni el 149.1.30 de la Carta Magna, que se citan como salvedades, hace referencia alguna a dicha potestad más allá de la normativa básica que en esta y otras materias se ha venido utilizando, en este caso por gobiernos del Estado de ambos signos, para limitar el autogobierno vasco. También en materia educativa.