LA admisión por el consejero de Economía, Carlos Aguirre, de la renuncia del Gobierno López a la renovación de la Ley Quinquenal del Cupo así como a la renegociación de las discrepancias en la liquidación del mismo -que el propio Ejecutivo cuantifica en un desfase favorable a la CAV de 511 millones-; la advertencia del diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, respecto a la inoperancia del Gabinete López en la defensa del autogobierno frente a actuaciones del Gobierno español que cercenan la capacidad de decisión y actuación vasca en el ámbito socio-económico y financiero, incluyendo la constatación de que la Comisión Mixta del Concierto no se ha reunido en los últimos 22 meses, desde noviembre de 2010; también que se llegue al fin de la legislatura sin la renovación de la Ley de Aportaciones; la filtración de que el mismo Carlos Aguirre pretende posponer hasta después de las elecciones del 21 de octubre el Consejo Vasco de Finanzas que por ley debe celebrarse en la primera quincena del próximo mes; el traspaso de la decisión sobre la paga extra de los funcionarios al próximo gobierno, anunciado por la portavoz Idoia Mendia; las declaraciones del ministro español Luis de Guindos en el Congreso respecto a la indolencia del Ejecutivo vasco en el planteamiento del proyecto del anunciado Centro de Investigación del Envejecimiento de Donostia... dan forma al recelo por la paralización de las relaciones en las que Lakua participa como parte esencial del entramado institucional vasco, tanto hacia el exterior como hacia el interior, y de la propia acción de Gobierno, lo que se traduce en una ralentización de la actividad que se prolonga ya meses -antes del anuncio del adelanto electoral- y que nuestro país no se puede permitir en ningún caso, pero mucho menos en plena recesión y ante una nueva caída de la producción industrial. Aun en el caso de que López tenga asumida en su fuero interno la derrota que le auguran todas las encuestas y solo pretenda usar la Lehendakaritza como atalaya desde la que contener la sangría electoral, le son exigibles responsabilidades en el sostenimiento del país que nada tienen que ver con actitudes y mensajes teñidos de populismo y pertenecientes a ámbitos que, sin embargo, no le competen como la exigencia respecto a los ingresos de un club de fútbol o el planteamiento de una pretendida reforma fiscal.