LA masiva manifestación de Barcelona que, bajo el lema Catalunya, nuevo Estado en Europa, se convirtió ayer en la más rotunda y numerosa expresión de apoyo ciudadano a cualquier iniciativa política que se haya dado en la nación catalana no es sino el reflejo del ampliamente mayoritario desafecto de su sociedad hacia España a consecuencia de la falta de comprensión y la prepotencia de quienes rigen esta última a la exigencia de los catalanes de readecuar el modelo de relación entre ambas. Una desafección que, pese a lo que se trata de trasladar desde los intereses del Estado, sobrepasa el ámbito económico para instalarse en la consciencia de que el intento secular de Catalunya por alcanzar un nivel de entendimiento con Madrid ha sido y es en la práctica vano no solo en ese ámbito económico -y ahí está la hasta ahora ignorada exigencia de un pacto fiscal que reitera el president Artur Mas-, sino también en la pretensión catalana de una relación política no subordinada y en la necesidad de respeto a sus diferencias culturales y sociales así como a sus instituciones, autogobierno y señas de identidad, es decir, a todo lo que la caracteriza como nación histórica. Dicha consciencia no surge en las principales fuerzas políticas de Catalunya hasta alcanzar a amplísimos sectores de su sociedad ahora, a consecuencia de las dificultades económicas, sino tras la sentencia del Tribunal Constitucional español que cercenó el Estatut aprobado por el Parlament y en referéndum por los catalanes. Esa y no otra fue la verdadera fractura del nexo entre Catalunya y España. La crisis y la certeza de que el bienestar de la sociedad catalana así como su imagen en el mundo salen perjudicados con el actual modelo de relación con el Estado ha ejercido, eso sí, como reactivo de un sentimiento que permanecía hasta cierto punto larvado, aunque inalterable desde la invasión de Catalunya por las tropas de Felipe V en 1714 y aún a pesar de las enormes transformaciones demográficas y sociales sufridas en el último siglo. Pero es el empeño (antes y ahora) de todos los recursos del Estado, desde las campañas mediáticas a las alteraciones legales, en la imposición y el veto a esa voluntad lo que lleva a que esta se encauce unilateralmente.