LA petición por Patxi López al presidente del Athletic Club, Josu Urrutia, para que este reconsidere al alza la inversión de la entidad que preside en el nuevo estadio de San Mamés en virtud de los ingresos que el club ha percibido a resultas del fichaje de Javi Martínez por el Bayern de Múnich, petición que ha sido luego respaldada en distinta medida por otros dirigentes y formaciones políticas de signo tan dispar como PP y Bildu; adolece en todo caso de vicios de forma que cuestionan los motivos que podrían impulsar a una administración en el capítulo de las necesidades públicas en tiempo de crisis. De forma independiente a la decisión que el Athletic Club, como entidad privada aunque ampliamente colectiva, decida tomar, lo que en caso de alterar el acuerdo de constitución de San Mamés Barria precisaría del respaldo de los socios que en su día lo aprobaron en asamblea, se antoja interesado y demagógico que, en época electoral, López plantee su propuesta a través de los medios de comunicación y de manera individual, sin contar con los otros inversores -Diputación, BBK y Ayuntamiento- en lugar de hacerlo por los cauces internos por los que se labraron, trabajosamente por cierto, y se han ido cumpliendo los compromisos para la construcción del nuevo estadio, incluidas las modificaciones del proyecto que el Gobierno López exigió para rubricar el reparto de financiación. Aun siendo innegable que la situación de liquidez del Athletic ha mejorado, perdiendo, eso sí, uno de sus principales activos, y que las instituciones públicas -y, por qué no, también una entidad de la imbricación social del club rojiblanco- deben esmerarse en analizar sus prioridades de inversión para hacerlas acordes a las necesidades reales de la sociedad, especialmente en tiempos de tribulación económica, López no debe olvidar otra vez que los compromisos, sobre todo aunque no únicamente si están rubricados en un contrato, se realizan para ser cumplidos, no para revisarse a conveniencia. Por ello, pero también por evitar que la lógica que podría mover a las administraciones públicas en la protección de sus administrados -incluido el propio Athletic- se tome por demagogía interesada y electoralista, él y quienes han respaldado su petición harían bien en convenir, esta vez con afán de llevarlo a efecto, que el debate, en cualquier caso, se posponga y quede fuera de la pugna electoral.