EL anuncio por el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, de que dicho organismo intervendrá en los mercados financieros con la compra de deuda pública a corto plazo -bonos de uno a tres años- pese a las fuertes reticencias alemanas, explicitadas de nuevo ayer tras dicho anuncio por el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, tuvo efectos inmediatos en la prima de riesgo (con una caída de más de 50 puntos hasta bajar de los 450), en la rentabilidad exigida a los bonos del Estado español (con un descenso de casi medio punto) y en la Bolsa, que recuperó inmediatamente en torno al 5% con solo avanzar la intención de que el sistema europeo aceptará la paridad con el resto de los acreedores sin acogerse a una salvaguarda de prioridades. Sin embargo, esas son solo las primeras consecuencias visibles -y quizás no tan relevantes- de una decisión que tendrá repercusiones más que evidentes para los ciudadanos del Estado español en el corto-medio plazo. El hecho de que Draghi subrayara como condición estricta para la intervención la previa solicitud a la Unión Europea de un rescate -seguramente a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)- por parte del Gobierno español y que, al tiempo y en la reunión entre Mariano Rajoy y Angela Merkel en Madrid, la canciller alemana señalara la necesidad de que Madrid haga "los deberes", implica que Rajoy debe seguir plegándose a las directrices alemanas y que lo que el ministro de Economía, Luis de Guindos, definía solo horas antes como "el mayor ajuste de la OCDE" no ha culminado aún. Y en ese sentido, la nada nítida respuesta de Rajoy a la pregunta de si entre esos deberes estaría la reforma de las pensiones lleva a pensar en que ese es precisamente el siguiente paso a dar por su Ejecutivo, toda vez que ya ha venido poniendo en práctica el resto de las condiciones de control del déficit y supervisión de las cuentas públicas. Aunque, si la tregua ofrecida por los mercados tras el anuncio de Draghi se lo permite, no solicitará el rescate "en este momento" para evitar que la estricta condicionalidad del mismo le obligue a anunciar los recortes en el último reducto del Estado de bienestar que sigue incólume -o casi- con su gobierno antes de las elecciones vascas y gallegas del 21 de octubre.