LA constatación de que dos comunidades autónomas, Catalunya y Valencia, ya han cuantificado sus respectivos rescates, que la suma de ambos supera ampliamente la mitad de los 18.000 millones previstos en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y que además al menos otras cuatro comunidades -Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares y Canarias- lo harán antes de fin de año, dibuja un horizonte de alarma respecto a las posibilidades de financiación del actual sistema autonómico a través del mecanismo que el Gobierno Rajoy, bajo la supervisión europea, dispondrá durante el último cuatrimestre. Sin embargo, la situación de las finanzas públicas y, por tanto, el sostenimiento de un sistema hinchado sin necesidad con el objetivo de diluir las aspiraciones nacionales de las comunidades históricas en el café para todos -y viciado por las malas praxis en administraciones de gobiernos socialistas y populares- es incluso más preocupante. La petición andaluza de un anticipo de mil millones a cuenta de los ingresos impositivos del Estado, el hecho de que Valencia ya haya accedido a un adelanto similar de trescientos millones y la advertencia del conseller de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, al exigir del mismo modo posibilidades de financiación inmediatas para Catalunya dan medida de la falta de liquidez que asola a las administraciones públicas; pero también desvelan hasta qué punto las comunidades autónomas van a dejar de serlo en virtud de su dependencia de una financiación controlada por el gobierno estatal... y sus intereses y afinidades políticas. El cierre del crédito bancario a las comunidades, derivando a estas al Fondo de Liquidez aún no operativo, socapa de no poder incumplir las exigencias del Banco de España de no incrementar el riesgo, aumenta la sospecha de que es precisamente ese control -y en definitiva el del déficit- y una recentralización práctica lo que el Ejecutivo de Rajoy busca. Incluso aunque en ese camino contribuya a reducir los servicios públicos y a aumentar los problemas de la ciudadanía. Y que esta conozca -también en Euskadi- de primera mano, fuentes independientes y a todos los niveles la verdadera situación de las arcas públicas y los motivos de la misma serviría, en todo caso, para evitar o rectificar prácticas inadecuadas y al mismo tiempo impediría intentos de utilizar estas como pretexto de un objetivo de raíz ideológica.