El Índice de Precios al Consumo (IPC) ha aumentado hasta el 2,7% en agosto, cinco décimas más que en julio y muy lejos del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo. Un muy mal dato. La principal causa de la carestía vuelve a ser el petróleo, una materia prima que está descontrolada y que es una seria amenaza por su indudable capacidad para influir en todos los mercados. Pero no es la única. A falta de conocer el desglose por productos y su incidencia en cada territorio -Euskadi ha sido tradicionalmente una de las comunidades más inflacionistas-, lo cierto es que este mal dato se suma a la realidad de un desempleo galopante, con índices históricos en la CAV, y una reducción progresiva de los salarios que apuntan a un nuevo debilitamiento del poder adquisitivo de los ciudadanos, a una limitación de su capacidad de consumo y a disminuir todavía más la competitividad de las empresas. Más aún con las consecuencias de la dura subida del IVA que entra hoy en vigor y que encarecerá la tasa sobre los productos con impuesto reducido del 8% al 10% y del 18% al 21% los sometidos al gravamen general. Otro duro golpe para la maltrecha economía del Estado, y también para la economía vasca, cuyas previsiones apuntan a una situación de recesión que se prolongará al menos hasta los primeros meses de 2013. En realidad, los bolsillos de los ciudadanos y las economías familiares llevan meses padeciendo ya las consecuencias de un escenario en el que se dispara el coste de la vida, a la vez que se reducen las estimaciones de crecimiento y se apuntalan unos intereses al alza. El peor escenario, según los expertos. El alza del precio del petróleo o de los alimentos básicos dictada por los intereses especuladores de los mercados, el desorbitado aumento del precio de la luz y la pésima política energética y sus consecuencias en el engorde de la factura eléctrica ciudadana, más el peso del incremento del IVA, cargan el coste de las medidas para reducir el déficit público en los ciudadanos, básicamente las rentas de trabajo y las clases medias, ya deterioradas por los recortes de derechos sociales y laborales y la minorización de la prestación de servicios públicos. La inflación es un signo de empobrecimiento colectivo, de pérdida de poder adquisitivo ante unos salarios estancados, cuando no reducidos, que afecta al consumo y, por tanto, a la actividad general. Una peligrosa espiral en una situación de recesión tan intensa.