El recorte sanitario a los 'sin papeles'

LA entrada en vigor, a partir de mañana, de la reforma sanitaria aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy ha desencadenado todo tipo de reacciones, tanto entre las diferentes instituciones competentes como entre partidos políticos e incluso dentro de ellos, como la protagonizada por el presidente de la Xunta de Galicia, que anunció ayer su oposición a las medidas impuestas por su partido desde el Gobierno de España. Dado el momento político que vivimos tanto en España como en nuestro País, cabe sospechar de la sinceridad de algunas posiciones bien por su tufo electoral, difícil de ocultar, o bien por el momento en que han sido adoptadas. En cualquier caso, se echa en falta una reflexión serena que ponga en el centro del debate a la persona, a sus deberes y obligaciones, y ponga el énfasis en la obligación que tienen las administraciones de garantizar los derechos de los más débiles y de aquellos que se encuentran en riesgo de exclusión, como pueden ser los inmigrantes ilegales sin papeles y sin capacidad económica de afrontar su gasto sanitario. El Gobierno del PP, sin otro argumento que el de la necesidad de recortar el gasto público para hacer frente a las obligaciones financieras que tiene el Estado español, se dispone a negar la asistencia sanitaria a este colectivo, que, por sus propias características, es el más indefenso, y lo hace aprovechando las expresiones demagógicas que algunos políticos y ciudadanos manifiestan con respecto a esos ciudadanos sin derechos que han abandonado sus lugares de origen para buscar un estatus que les asegure una vida mejor, como antes de ahora millones de ciudadanos españoles y millares de vascos hicieron buscando nuevos países de acogida. Hay debates en los que una sociedad que presume de solidaria y humanista como la vasca no debería tener veleidades. Hemos convenido que todos aquellos que tengan la vecindad administrativa en cualquier municipio de nuestra Comunidad tienen la condición política de vascos y hemos encomendado a nuestros poderes que garanticen el ejercicio de los derechos y deberes de sus ciudadanos. La sanidad universal y gratuita se ha convertido en uno de los últimos factores de integración social. Ni las instituciones ni la sociedad ni los profesionales deberían permitir que dejara de serlo.