Más recortes de derechos
Las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros sobre el endurecimiento de condiciones para que parados sin ingresos cobren los 450 euros y de flexibilización del alquiler abundan en la exclusión de los más desfavorecidos
EL primer Consejo de Ministros del nuevo curso, tras las vacaciones estivales y después de habilitar tan inusual fecha en pleno agosto para ofrecer una sensación de trabajo continuado del Gobierno, no se salió del guion que ya estableciera Mariano Rajoy cuando dijo que "cada viernes" se iban a aprobar recortes para hacer frente a la crisis. Aunque los temas fundamentales a tratar y algunas de sus líneas maestras ya se habían adelantado, el resultado final puede resumirse en que se ha vuelto a producir un nuevo recorte de derechos por parte del Ejecutivo español hacia los sectores más desfavorecidos de la sociedad. En primer lugar, de nuevo la nefasta política de comunicación del Gobierno ha llenado de confusión asuntos que son de altísima importancia para amplios sectores. Rajoy debe abordar y zanjar de una vez esta cuestión a no ser que, como temen algunos, sea precisamente su intención desviar la atención sobre el fondo de los problemas. Dos fueron los asuntos principales del Consejo de Ministros de ayer: la ya anunciada prórroga de la ayuda de 400 euros a los parados sin ingresos (el plan Prepara), aunque con matices importantes, y la modificación del anteproyecto de ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Viviendas, es decir, de la reforma del alquiler avanzado el día anterior por la ministra de Fomento, Ana Pastor. Ambas medidas generan confusión, dudas, posibles problemas de aplicación y, sobre todo, mucha inquietud en la población, principalmente en la más débil económicamente. La prórroga de la ayuda del plan Prepara fue una buena noticia porque supone el clavo ardiendo al que pueden acogerse personas sin ingreso alguno, pero el Gobierno ha decidido endurecer las condiciones de tal modo que basta con que el posible perceptor viva con sus padres y estos tengan unos mínimos ingresos para ser excluido. Con ello, el Ejecutivo logra el efecto deseado: sube mínimamente el importe (de 399 a 450 euros), pero el monto final será menor. En cuanto a las medidas de fomento del alquiler, el acortamiento de plazos para el desahucio por impago (que puede producirse en solo 10 días) supone también una merma de derechos y puede tener el efecto contrario, ya que implica una evidente inseguridad jurídica para inquilinos y arrendatarios.