LA situación del preso de ETA Josu Uribetxebarria se ha convertido en el icono de la confrontación, cada vez más enmarañada, que están protagonizando el Gobierno de Mariano Rajoy y el movimiento político organizado en torno a ETA y la izquierda abertzale, un pulso cuyo final parece cada vez más complicado. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, declaró ayer que la decisión del Gobierno de conceder el tercer grado penitenciario al secuestrador de Ortega Lara y facilitar así su liberación viene impuesta por la ley y que su incumplimiento habría supuesto "recaer en prevaricación". Siendo esto así, ¿cómo entender que el Ejecutivo español haya tardado tanto en aplicar esta previsión legal y siga resistiéndose a poner en práctica esta y otras medidas contempladas en la legislación vigente, que le permitirían desarrollar una política penitenciaria ajustada a un tiempo sin violencia? Parece claro que el Gobierno de Rajoy ha preferido dilatar al máximo su decisión, reforzar así su posición ante sus seguidores, tanto en España como en Euskadi, y desviar de esa manera la atención de asuntos más graves que seguramente le preocupan más, como la situación económica o la petición del próximo rescate a Europa. Al mismo tiempo, el Ejecutivo del Partido Popular ha añadido más presión a la caldera de la izquierda abertzale, que ha visto en el tema Uribetxebarria una vía para aparcar sus tensiones internas y adquirir un protagonismo público que se ha manifestado en las concentraciones que han realizado ante el Hospital Donostia, en los ayunos y desayunos de los presos de ETA o en las movilizaciones que se desarrollarán los próximos días a lo largo de la geografía vasca. Pero, al margen de lo que suceda con el caso Uribetxebarria, de momento todo seguirá igual. El colectivo de presos de ETA, que pretenderá convertir en victoria la liberación del secuestrador de Ortega Lara, tiene pendiente cerrar el debate interno que su dirección abortó. ETA no ha decidido aún su disolución. La izquierda abertzale, que aspira a convertirse en la fuerza mayoritaria del Parlamento Vasco, no termina de encajar todas las piezas de su rompecabezas. Y el Gobierno de Rajoy va a sumar a sus problemas la reacción de los colectivos de víctimas. En verdad, una situación endiablada.