La dimisión de Dívar y más

EN el caso de los gastos personales cargados al Consejo General del Poder Judicial español por su presidente, Carlos Dívar, no se trata, no se ha tratado nunca en realidad, de si el Tribunal Supremo admitía a trámite la querella por estafa, malversación o apropiación indebida, ni de si la rechazaba con una mayoría más o menos amplia. Ajustándose a la letra de ley, los quince miembros del pleno de la Sala de lo Penal del TS podían, de hecho han podido, considerar ajustada a derecho tanto una cosa como la contraria. Y justificarlo incluso. No se trata tampoco de que cinco miembros del CGPJ formalicen su petición para adelantar el próximo pleno del máximo órgano judicial y soliciten la dimisión de Dívar, que en virtud de las mismas razones y de mayorías similares, aunque no idénticas, puede acabar del mismo modo que la querella ante el Supremo. Se trata, en realidad, de que el presidente del CGPJ, es decir, la máxima autoridad de la Justicia española; no haya sido capaz de justificar ni siquiera mínimamente el endose al órgano que preside de los 13.000 euros en gastos por viajes a Marbella investigados por la Fiscalía primero y de otros 12.000 entre los años 2008 y 2011 a distintos lugares del Estado después. Más aún, que haya tratado de explicar, hasta por escrito, dichos viajes en invitaciones a actos que luego y en algún caso han sido negadas por quien supuestamente las cursó. Y no solo porque Dívar, con un sueldo de 130.000 euros anuales, el más alto de entre las dignidades del Estado, no sea precisamente un ejemplo de la austeridad, la transparencia y la mesura en las actuaciones que deben caracterizar a la Justicia, sino porque desvela que la máxima autoridad judicial padece un flanco de debilidad que le convierte en un riesgo para la independencia judicial, lo que le inhabilita para el cargo, y demuestra la sensación de impunidad que se aloja en las altas instancias de la Justicia en virtud de esa protección y dependencia mutuas que descansan en la ausencia de separación entre los poderes del Estado. Dívar, qué duda cabe, debe dimitir ya; pero tampoco se trata únicamente de su dimisión. El Poder Judicial precisa de una adecuación democrática al siglo XXI que va mucho más allá de la limitada reforma del CGPJ que prepara el Ministerio de Justicia.