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Urgencias y prioridades

El replanteamiento de la protección social cuando esta se antoja más urgente crea situaciones de exclusión y cuestiona que las necesidades de los vascos sean también las primordiales para quien tiene la responsabilidad de satisfacerlas

LAS memorias de actividad del pasado año presentadas ayer por Cáritas, la organización que más directamente trata y se ocupa de los problemas de exclusión y pobreza en nuestra sociedad, constatan con la tremenda frialdad de los datos el paulatino pero imparable crecimiento de la traslación de la crisis económica general a los dramas sociales particulares. El importante incremento de las personas que han precisado ayuda al carecer de recursos propios y no llegar a ser socorridos por los mecanismos públicos que las sociedades avanzadas deberían poner a disposición de los necesitados con el fin de evitar su marginación social, es quizás la más relevante de las cifras. Especialmente en un territorio, Gipuzkoa, que no solo encierra la mitad de la casuística vasca, sino que ha visto duplicarse las necesidades más perentorias respecto al comienzo de la crisis económica. Y también es preciso destacar el hecho de que esa exclusión afecte, cada vez más, a los sectores poblacionales menos autónomos, caso de la infancia, la tercera edad o la mujer. Sin embargo, aun siendo ese incremento de las necesidades y el perfil de quienes las sufren tan relevante que debe ser motivo de inmediata preocupación y atención, no lo es menos la denuncia respecto a que su origen radica en el cuestionamiento y recorte de políticas de protección social que se habían venido desarrollando y que, contrariamente a toda lógica, se han visto recortadas en el momento en que se antojan más urgentes. Así, por ejemplo, que el cambio de la Ley de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) impulsado por el Gobierno que preside Patxi López haya dejado sin cobertura a un total de 3.600 familias -lo que sitúa en exclusión a no menos diez mil personas, aproximadamente cuatro de cada mil residentes en Euskadi- cuestiona muy seriamente que las necesidades más primarias y apremiantes de los vascos sean también las prioridades de aquellos que desde la Administración ostentan la responsabilidad de satisfacerlas. Con el agravante de que dicho cuestionamiento, cuando no se lleva a efecto en ámbitos menos perentorios, pueda llegar a calar más allá de las personas que en un momento determinado ocupan las instituciones hasta horadar el prestigio de estas.