La filtración por lo filtrado

LA comparecencia en Juntas Generales de Bizkaia del diputado foral de Hacienda, José María Iruarrizaga, para desgranar los pormenores de la investigación interna por la que se determina que el expediente fiscal del dirigente socialista Melchor Gil no fue filtrado a los medios de comunicación desde la Diputación, ha servido para volver a constatar la doblez de quienes desde la pretensión pública de la lucha contra el fraude anteponen en su ámbito el interés partidario, la crítica política y la salvaguarda de la imagen propia a la exigencia de responsabilidades en un caso claro de incumplimiento de las obligaciones fiscales. Se puede pretender que tras la reclamación de determinar el origen de la filtración del expediente del dirigente socialista, cuñado y hombre de confianza de Patxi López, se hallaba la intención de proteger la necesaria confidencialidad de los datos de los contribuyentes, pero aun en ese supuesto se trata de una pretensión innecesaria: ni en la última operación de Hacienda contra el fraude, la del impago de impuestos en la compra de vehículos en Iparralde, ni en las que durante el pasado año hicieron aflorar en Bizkaia 560 millones de euros de fraude fiscal -lo que confirma además la extensión y éxito de la lucha contra los defraudadores en Bizkaia- se ha producido una sola ruptura de dicha confidencialidad, hecho que avala la tesis de que no es la Hacienda foral la fuente más probable de la filtración del caso Gil. Otra cosa sería, sin embargo, que la intención que ha llevado a cuestionar la pulcritud profesional de los funcionarios de Hacienda y obligado a comparecer en su defensa a José María Iruarrizaga, sea la de ocultar lo filtrado mediante el cuestionamiento de la filtración, es decir, la de situar en el conocimiento público del hecho la relevancia de que un dirigente político -con cargo de vicepresidente primero en Juntas Generales- defraude al erario público, tal y como estaba además demostrado. Habrá incluso quien justifique la continuidad de Gil en puestos decisorios del PSE, en la responsabilidad de la campaña electoral sin ir más lejos, por la no apreciación por la Fiscalía de delito en la cantidad defraudada, tampoco en el pago en metálico y en billetes de quinientos euros de parte de un chalé en Castro Urdiales. Pero hacerlo le inhabilitaría para erigirse, como se ha pretendido, en defensor de los intereses de los ciudadanos.