NO es la consecuencia de una depresión económica global. Tampoco de las carencias de la zona euro. Ni siquiera de una crisis sistémica. El problema es España, donde se conjugan todos los males: un desempleo del 24% insostenible pero creciente; un déficit público irrefrenable, tanto que la Comisión Europea ha ampliado en un año el plazo para alcanzar el objetivo -en cualquier caso inalcanzable- del 3%; una deuda disparada con la prima de riesgo en 539 puntos básicos... y al 6,6% de interés y un sector financiero en quiebra y en el que el caso Bankia no es sino el más visible y en el mejor de los supuestos el de más volumen. En esas condiciones, no es de extrañar que incluso la intervención de la Comisión resulte confusa y al tiempo que exige la aplicación inmediata de medidas como la subida del IVA o el retraso de la edad de jubilación, deje caer la posibilidad de un rescate europeo del sector financiero español que niega a renglón seguido. La Comisión, como el Gobierno Rajoy, trata de ganar tiempo, consciente de que no se trata de si España deberá o no ser rescatada, sino de cuándo y cómo lo será. A la primera de esas preguntas es relativamente sencillo de responder teniendo como referencia los rescates de Grecia, Irlanda y Portugal. Si bien los tres fueron intervenidos con niveles de prima de riesgo dispares -por encima de los 500 puntos-, todos lo fueron una vez que el interés de su deuda superó el 7%. Y si los bonos españoles a diez años están en el 6,6%, el hecho de que Europa niegue la inyección directa al sistema financiero español, supondría que el Estado acuda a nuevas emisiones de deuda, con la consiguiente elevación del interés, mayor cuanto más rápido se intente colocar. Y ahí entra el cómo. Para evitar una reacción similar a la provocada en Grecia por el rescate, lo que pretende el Gobierno Rajoy es llegar a la aprobación en julio del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede), que se usaría para comprar deuda soberana o recapitalizar bancos sin solvencia a través de sus gobiernos (la ayuda iría a las arcas públicas y de ahí a los bancos), lo que conllevaría el control exhaustivo por Europa de la economía estatal. Es decir, una intervención en toda regla... de apariencia más suave. En definitiva, y aun cuando la intervención es tan urgente como inevitable, a Rajoy le preocupa limitar el daño político. El problema sigue siendo el mismo.
