El problema es España

NO es la consecuencia de una depresión económica global. Tampoco de las carencias de la zona euro. Ni siquiera de una crisis sistémica. El problema es España, donde se conjugan todos los males: un desempleo del 24% insostenible pero creciente; un déficit público irrefrenable, tanto que la Comisión Europea ha ampliado en un año el plazo para alcanzar el objetivo -en cualquier caso inalcanzable- del 3%; una deuda disparada con la prima de riesgo en 539 puntos básicos... y al 6,6% de interés y un sector financiero en quiebra y en el que el caso Bankia no es sino el más visible y en el mejor de los supuestos el de más volumen. En esas condiciones, no es de extrañar que incluso la intervención de la Comisión resulte confusa y al tiempo que exige la aplicación inmediata de medidas como la subida del IVA o el retraso de la edad de jubilación, deje caer la posibilidad de un rescate europeo del sector financiero español que niega a renglón seguido. La Comisión, como el Gobierno Rajoy, trata de ganar tiempo, consciente de que no se trata de si España deberá o no ser rescatada, sino de cuándo y cómo lo será. A la primera de esas preguntas es relativamente sencillo de responder teniendo como referencia los rescates de Grecia, Irlanda y Portugal. Si bien los tres fueron intervenidos con niveles de prima de riesgo dispares -por encima de los 500 puntos-, todos lo fueron una vez que el interés de su deuda superó el 7%. Y si los bonos españoles a diez años están en el 6,6%, el hecho de que Europa niegue la inyección directa al sistema financiero español, supondría que el Estado acuda a nuevas emisiones de deuda, con la consiguiente elevación del interés, mayor cuanto más rápido se intente colocar. Y ahí entra el cómo. Para evitar una reacción similar a la provocada en Grecia por el rescate, lo que pretende el Gobierno Rajoy es llegar a la aprobación en julio del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede), que se usaría para comprar deuda soberana o recapitalizar bancos sin solvencia a través de sus gobiernos (la ayuda iría a las arcas públicas y de ahí a los bancos), lo que conllevaría el control exhaustivo por Europa de la economía estatal. Es decir, una intervención en toda regla... de apariencia más suave. En definitiva, y aun cuando la intervención es tan urgente como inevitable, a Rajoy le preocupa limitar el daño político. El problema sigue siendo el mismo.