EL departamento de I+D+i del Partido Popular no descansa ni un minuto. A pesar de que los Presupuestos Generales del Estado recortan en un 25% la inversión pública en este capítulo, los populares no dejan de parir ideas. Claro está que las paridas y ocurrencias de la derechona española nada tienen que ver con la ciencia, ni tampoco con la innovación, porque resultan ser más viejas que el fuego. No en vano, tienen una experiencia de siglos y siglos de tocomocho electoral y eso cuando no les ha quedado otro remedio que tragar con la democracia al faltar el general de turno que pusiera un poquito de orden.

En este pedacito de Euskadi que es la actual Comunidad Autónoma Vasca todavía vivimos las consecuencias del anterior pucherazo electoral en el que una parte del electorado vasco se vio imposibilitado de obtener la representación que por los votos les hubiera correspondido. Quemado, pues, el cartucho de las ilegalizaciones, y asumiendo que la izquierda abertzale va a estar en las urnas, la ocurrencia ahora es tratar de ampliar el electorado de la Comunidad Autónoma Vasca (curiosamente de Nafarroa no dicen nada a pesar de que este territorio ha sufrido como uno más la lacra de la violencia política), permitiendo nada más y nada menos que emitan su voto cientos de miles de personas censadas en España con la excusa de ser presuntos exiliados por causa de un ya inexistente terrorismo.

Dicen ahora que el número de estos "exiliados" supera los trescientos mil. Esto es, que el 15% de la población de Euskadi se ha exiliado como consecuencia del terrorismo. Vamos, que de Bilbao habrían desaparecido algo más de 50.000 personas, por poner un ejemplo. Y lo sueltan sin que se les escape la risa floja. Vaya por delante mi máximo respeto a quienes realmente tuvieron que dejar su tierra para conservar su vida, las de sus familiares y para escapar de la amenaza de ETA. Es precisamente ese respeto el que debe hacer rechazar una jaimitada del calibre de la anunciada por Antonio Basagoiti.

La idea del voto de los presuntos exiliados es absurda en sí misma puesto que de acuerdo a la legislación electoral vigente cualquier persona tiene derecho a votar en las elecciones autonómicas simplemente por el hecho de ostentar la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios integrados en el territorio de la Comunidad Autónoma y tener el derecho de sufragio activo. Por lo tanto, basta con que esos presuntos exiliados se empadronaran en la CAV ahora que ha desaparecido la causa por la que abandonaron Euskadi, para que pudieran votar en las elecciones vascas sin ningún obstáculo.

De hecho, ya lo hacen aquellos que residen en el extranjero habiendo tenido su última residencia en el Estado español en uno de los tres Territorios Históricos, pero no debe aplicarse este derecho a quienes ya están inscritos en el censo electoral de otra comunidad del Estado español porque en ese caso se estaría cometiendo no solo una discriminación sino un fraude electoral al permitirse que una persona pueda emitir dos votos en dos territorios diferentes.

Miro a mi alrededor y veo que faltan vecinos de mi juventud. Faltan los inmigrantes que volvieron a su región de origen tras la jubilación o tras la crisis industrial de los años ochenta, faltan aquellos que encontraron vivienda mucho más barata en municipios colindantes con Bizkaia y Araba, faltan aquellos a quienes el Gobierno de Aznar y su obsesión por centralizar las empresas financieras y del sector energético en Madrid llevaron al hartazgo de tener que volar a diario a la capital del Estado y establecieron allí su residencia. Y faltan aquellos que en los últimos años, como consecuencia de la crisis, se han visto abocados a dejar Euskadi en busca de un futuro laboral lejos de aquí.

Todos ellos le importan un bledo al PP, salvo para tratar de incrementar el número de lo que llaman "exiliados políticos". Como también le importa un bledo al PP los miles de exiliados españoles en Euskadi debido al terrorismo económico y social practicado durante siglos en numerosas regiones españolas y que son hoy plenamente vascos, pero a los que no se les reconoce el derecho de que con su voto contribuyan a cambiar el status quo de sus regiones de origen.

Echo en falta muchas cosas para poder tomar en serio la ocurrencia de Basagoiti, por ejemplo, que exija en la reforma electoral pretendida que quienes obtengan el derecho a votar en Euskadi se vean también obligados a abonar todos sus impuestos en alguna de las haciendas vascas. Y que aclare si podrán votar también en Euskadi el general Rodríguez Galindo y su banda de criminales que se encontraban empadronados en Intxaurrondo cuando secuestraron, torturaron y asesinaron a Lasa y a Zabala y ahora disfrutan como exiliados del terrorismo de su jubilación dorada y de su derecho de voto en la grande y libre España.