La justicia decapitada

LA cuando menos vergorzante situación del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, a raíz de la denuncia por un vocal del propio CGPJ de un presunto abuso de su cargo al costear a través del mismo viajes de índole privado por varios miles de euros y la posibilidad de que el bloqueo en la renovación del Tribunal Constitucional conlleve la renuncia de sus miembros y, por tanto, su total paralización muestran hasta qué extremo ha llegado la degradación de la Justicia española a resultas de su excesiva exposición política y la nula regeneración a que fue sometida como poder del Estado en la transición de la dictadura a la democracia. Siendo cierto que ambos casos son de características y alcance diverso, no lo es menos que Dívar llegó al CGPJ y por tanto a la presidencia del TS desde la Audiencia Nacional sin haber ejercido como magistrado de sala y como única posibilidad de consenso entre PSOE y PP para la renovación del Consejo, es decir, con idéntica servidumbre partidista a la que mantiene paralizada la renovación del Tribunal Constitucional y con las mismas reticencias y críticas desde los sectores más profesionales de la judicatura. También que dicha servidumbre no es precisamente garantía de una práctica independiente y ajena a presiones políticas y que la algo más que presunción de que estas existen en las altas esferas de la judicatura condiciona la impartición de justicia en todos sus instancias, daña su imagen y cuestiona su legitimidad. El hecho de que ambas polémicas coincidan puede causar, además, una auténtica decapitación de la justicia estatal, que en el cortísimo plazo de horas podría encontrarse en la disyuntiva de tener que sustituir al presidente del CGPJ y del TS -toda vez que Dívar parece abocado a presentar la dimisión- y en la tesitura de sustituir a la mayor parte de los miembros del TC por renuncia de los mismos, lo que no facilitaría ni el consenso ni mucho menos una mayor independencia judicial y tendría consecuencias de muy difícil previsión y reparación por cuanto de los altos tribunales del Estado depende la resolución de casos que interesan derechos fundamentales -el de representación política en la legalización de Sortu, sin ir más lejos- que afectan a miles de ciudadanos.