ENTRE 2008 y 2011, la crisis y las políticas económicas ineficaces se han llevado por delante 82.000 empleos en Euskadi. En ese mismo periodo, los costes laborales anuales en Euskadi aumentaron en 549 euros por trabajador, 604 euros en el sector industrial. Podría sorprender que en el contexto económico actual, los costes laborales estén aumentando. Pero esa cifra hay que ponerla en relación con el aumento de la productividad que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en los últimos cuatro años se ha traducido en un aumento en el valor añadido por trabajador de 5.471 euros, diez veces mayor que el aumento de los costes laborales.
Entre 2008 y 2010, por cada hora de trabajo, el coste laboral aumentó en 1,34 euros (1,49 euros en la industria), pero a cambio los trabajadores generaron de media 1,77 euros de valor añadido más por hora (y 4,52 euros en la industria). Es decir, el excedente empresarial por cada hora de trabajo aumentó de media en 43 céntimos, y en la industria, en 3,04 euros.
Estos datos dejan claro que en Euskadi ha habido un incremento importante en materia de productividad, en particular en el sector industrial, un esfuerzo de adaptación real a la coyuntura por parte de las empresas vascas y sus trabajadores, en un tema en el cual no hay razones para que no exista un consenso; el futuro de la economía vasca depende de que la productividad del trabajo aumente a buen ritmo, comparándolo siempre con el de los competidores que venden cosas parecidas a las que nosotros queremos colocar en el mercado global. Hay en este sentido una curiosa asimetría entre el tono rupturista de las declaraciones públicas y publicadas de los sindicatos y de las patronales (que en Euskadi serlo, lo son varias y plurales, aunque la representación institucional tienda a ostentarla una sola), y las actuaciones concretas de consenso en el ámbito de las unidades productivas, cuyos resultados se reflejan, de modo más o menos certero, en las estadísticas oficiales.
Tampoco parece que la duración de la jornada de trabajo sea un determinante particularmente grave de los problemas económicos actuales. Las horas mensuales pactadas y pagadas por trabajador en 2011 fueron 150 al mes, pero las horas efectivas se limitaron a 126 y las horas extras de las que se tiene noticia no llegaron a 20 minutos por trabajador y mes. La economía vasca no está en condiciones de generar más empleo, pues para los niveles actuales de producción, con los trabajadores que hay, sobra. Porque las cifras están diciendo con claridad que al día de hoy, o sobran horas de trabajo (25 por trabajador y mes) o sobran trabajadores (uno de cada seis).
¿Qué sentido tiene entonces la recomendación de trabajar más horas? Únicamente reducir los costes laborales. Pero la inversa de esa reducción es el aumento del excedente. ¿Necesita la economía vasca un aumento del excedente por hora de trabajo? Los que viven del excedente que obtienen están totalmente de acuerdo. Los que viven de vender su capacidad de trabajar, por el contrario, están radicalmente en contra.
Muchas veces se quiere erradicar esta natural confrontación de posiciones con apelaciones ideales a la buena voluntad, pero sin que esté claramente determinado en qué consiste la voluntad buena, por contraposición a la mala voluntad. Acaso la resistencia a trabajar más horas por la misma paga sea vista como mala voluntad por parte de quienes lo proponen y, a la inversa, la falta de buena voluntad la identifiquen los asalariados en la prioridad otorgada por aquellos a lograr mayores beneficios, situando dicho objetivo por encima de la creación de puestos de trabajo.
Tampoco aporta mayor solución la apelación al interés general. Resulta banal tener que recordar que no se puede definir lógicamente el interés general desde el momento en que los intereses particulares no coinciden absolutamente, ni tampoco a posteriori desde el momento en que entran en contradicción o son antagónicos. Si los intereses particulares no coinciden, la noción de interés general, de hecho, no tiene mayor justificación. Que las políticas públicas ayuden a resolver pronto la crisis; incluso que haya trabajo para todos los que quieren y pueden trabajar, que los salarios permitan un nivel de satisfacción de necesidades básicas y espirituales elevado, que exista un sistema de redes de protección eficaz (que alcance a toda la población) y eficiente (que logre sus objetivos con economía de recursos), todas ellas cosas deseables y en torno a las cuales se puede definir un marco de acuerdo general, no dejan de ser proposiciones ideales, que traducidas a la práctica cotidiana se disuelven en apelaciones generales al "¿y de lo mío, qué?".
Por eso, las respuestas prácticas a los problemas reales implican siempre una jerarquización de prioridades o, lo que es lo mismo, una decisión sobre qué intereses particulares priman a la hora de tomar decisiones. Y, actualmente, la madre de todas las decisiones viene determinada por la crisis de la deuda. La deuda, o mejor dicho, las deudas: las administraciones públicas cuyo desequilibrio financiero alcanza a finales de 2011 el 49% del PIB y el de las empresas, el 128% del PIB.
Al defender sus intereses particulares los acreedores -entre los que hay, no lo olvidemos, muchas familias- presionan para resolver primero este problema de enorme endeudamiento financiero de empresas y gobiernos. Con ello están planteando una prioridad diferente a la que pueden reclamar, por ejemplo, los parados, que piden un puesto de trabajo, o las empresas sin carga de trabajo, que demandan inversiones públicas que tiren de la actividad.
La necesidad de los empresarios de resolver la carga de la deuda, pidiendo acuerdos laborales y políticas que permitan un mayor excedente que poder destinarlo a este fin y para lo cual ya anuncian que van a aprovechar las oportunidades que les brinda la reforma laboral, choca con las prioridades de los empleados, que reclaman mejoras en las redes de protección y en su nivel de consumo acordes con su productividad.
Atender de forma adecuada los problemas efectivos de la producción (¿cómo lograr que aumentando los niveles actuales de producción, no se acumulen los stocks de invendidos?) y por tanto a los del empleo, requiere un gran debate social para dilucidar si en Euskadi se apuesta realmente por un modelo alternativo al que se impone desde las autoridades comunitarias y el gobierno central, basado en endosar las pérdidas y los activos incobrables de la banca al Estado, y promover empleos basura para alimentar empresas basura.
Se podrán discutir diferentes estrategias y compromisos para avanzar en una economía basada en la mejora tecnológica en procesos y productos y en la promoción de un liderazgo industrial en la liga que le corresponda jugar a las empresas vascas. Pero una cosa debería estar a estas alturas meridianamente clara: un modelo económico basado en las ganancias de productividad y subir peldaños en la escala tecnológica no es compatible con la prioridad absoluta otorgada al compromiso de pagar las deudas, de pagar todas las deudas, y de hacerlo en poco tiempo. Sin resolver este nudo gordiano, solo queda aplicar parches y lenitivos.
