TRAS décadas de estancamiento, el desarrollo del autogobierno precisa de una cultura democrática que reconozca y respete la voluntad política de la población vasca. No solo es el MLNV quien debe aceptar las reglas democráticas y normalizarse; en un futuro acuerdo para la convivencia política los representantes del vasco-españolismo constitucionalista tendrán también que asumir su condición minoritaria y dejar de utilizar el Estado como un recurso para imponer su voluntad sobre Euskadi. Además de denunciar las ideologías de vocación totalitaria que sostuvieron la dictadura o justificaron el empleo de la violencia como recurso político, el asentamiento de la convivencia democrática requiere asimismo del respeto a la asimetría política que la sociedad vasca expresa en contradicción con la voluntad política dominante en el Parlamento de España.

No está de más recordar que en el marco de las democracias representativas el sistema de partidos es la pieza esencial para canalizar la voluntad política de los ciudadanos. En consecuencia, resulta una anomalía democrática de primer orden que los partidos mayoritarios en el parlamento central sean una minoría en otros parlamentos. Sin embargo, ha sido una constante desde hace más de treinta años que en Euskadi la mayoría del electorado no ofrezca su apoyo a partidos de ámbito español sino a fuerzas políticas vascas. En el resto de CC.AA., por el contrario, los partidos dominantes en el Parlamento español lo son también en los autonómicos, salvo en Catalunya y en Navarra. Esta asimetría política entre la denominada España española donde dos partidos acaparan cerca del 90% del voto y Euskadi donde PP y PSOE no alcanzan a representar ni a la mitad de los electores, ha sido ratificada en decenas de elecciones -municipales, forales, autonómicas, incluso generales y europeas- y plantea la necesidad democrática de adecuar el marco político del Estado a esa diferencia y asimetría fundamental.

Un proceso de mejora de la calidad democrática del Estado deberá conducir a que la mayoría nacional española se adapte a su condición de minoría en Euskadi y Catalunya. Durante décadas, el modelo autonómico ha obviado esa realidad, incluso ha rechazado sucesivas reformas adaptativas (Plan Ibarretxe, Nou Estatut). Sin embargo, la asimetría vasca y catalana sugiere la necesidad democrática de su reconocimiento y el compromiso del Estado para con el desarrollo de distintas voluntades nacionales. Navarra representa una particularidad diferente, dado que en el sistema autónomo de partidos de aquella Comunidad Foral es dominante el navarrismo de orientación nacional española. La previsible reconfiguración política del Estado autonómico pasa por la adaptación democrática al pluralismo nacional realmente existente y por el compromiso del Estado con el respeto a la pluralidad política. Precisamente la Constitución española de 1978, en su artículo 1, considera el pluralismo político como uno de los valores superiores del ordenamiento, equiparándolo con la libertad, la justicia y la igualdad. Como resulta evidente, a pesar del cacareo constitucionalista en el que se refugia el nacionalismo español, el actual modelo de Estado autonómico ignora semejante pluralidad política al tiempo que pretende mantener la ficción de la existencia de una única nación española a cuyo servicio se maneja el Estado.

Las respuestas a la crisis que desde España se están ofreciendo constituyen también una oportunidad para reflexionar sobre el marco de autogobierno y sobre la voluntad y capacidad política de la población vasca para asumir otro estatus más allá del actual modelo autonómico. La reordenación de las políticas públicas, los derechos laborales o la dación en pago, por mencionar solo algunas cuestiones, proyectan sobre la sociedad vasca un interrogante político acerca de su presente y futuro. Si tenemos en cuenta que en estos asuntos quien dispone de la mayoría absoluta en el Parlamento español, el PP, en Euskadi no alcanza a representar ni al 20% del electorado, parece lógico deducir que semejantes medidas, como otras muchas adoptadas en el pasado por el tándem PP-PSOE no hubieran podido tomarse en esos términos por el Parlamento Vasco. Esta notable diferencia entre la voluntad política de la sociedad vasca y la española que refleja el sistema de partidos plantea, a mi juicio, una contradicción democrática de hondo calado, que en un marco supraestatal como el de la Unión Europea proyecta diferentes cuestiones, entre otras, el interrogante en torno a si la sociedad vasca necesita de la normativa del Estado español o si por el contrario está capacitada para buscar respuestas autónomas dentro del marco europeo. El ejemplo de otras sociedades con una población semejante o inferior a la de Euskadi que cuentan con Estado propio en la Unión Europea demuestra que el tamaño no es una cuestión decisiva a la hora de poder extender el ámbito del autogobierno hasta la estatalidad. Euskadi cuenta con una población superior a Estados de la UE como Chipre, Estonia, Luxemburgo, Malta o Eslovenia. También es mayor que países candidatos como Macedonia, Islandia o Montenegro y mucho mayor que otros Estados europeos como Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino o el Vaticano. Podría decirse, por establecer una referencia, que Euskadi cuenta con una población semejante a Letonia con el tamaño de Chipre, siendo su nivel de bienestar superior al de esos países y también al de España, inmersa en una crisis socio-económica de consecuencias impredecibles.

Si otras sociedades con un tamaño poblacional o territorial semejante o inferior disponen de un marco de autogobierno superior a Euskadi parece lógico plantear el interrogante sobre la conveniencia política de la estatalidad o la independencia. Tales perspectivas, así como los ajustes estructurales derivados de la globalización, deben de enmarcarse en un espacio socio-político y económico como el de la UE, en donde el grado de autogobierno estatal debe ineludiblemente modularse. Pero, además, la voluntad política vasca tiene que acomodarse a las decisiones de las mayorías parlamentarias españolas que responden a una voluntad política y a una estructura económica que no coincide con la de Euskadi. Como consecuencia, la devaluación del autogobierno vasco ha resultado ser muy notable. Asimismo, la falta de unas mayorías claras favorables a la secesión o al mantenimiento del presente sistema autonómico, aconseja la exploración de escenarios políticos que combinen un mayor autogobierno en el marco de la UE y del Estado. No perdamos de vista que en el escenario político vasco confluyen cuatro fuerzas en representación de tres grandes opciones. Cada una cuenta con el apoyo aproximado de 1/3 del electorado. Mientras que socialistas y populares apuestan por mantener el modelo autonómico actual, tal vez con algunas mejoras, el MLNV y sus aliados proponen la independencia. Por su parte, en torno al soberanismo del PNV se agrupan tanto sectores independentistas como autonomistas. En este contexto, el nacionalismo vasco, heredero del legado humanista del siglo XX, representa el punto de equilibrio de la sociedad vasca. Desde su posición central podría impulsar un acuerdo que proponga una asimetría autonómica para Euskadi cuya particular base constitucional puede encontrarse en la Disposición Adicional Primera.

Emprender una mera reforma estatutaria sin alterar el marco constitucional común, tal y como prueba la fracasada experiencia del Nou Estatut en Catalunya, es una iniciativa destinada a generar frustración y alimentar resentimiento. A mi juicio, un futuro arreglo político tendrá que gravitar en torno a un amplio desarrollo del autogobierno que sin requerir la ruptura del marco estatal deberá reconocer a Euskadi, y tal vez también a Catalunya o Navarra, las únicas autonomías que cuentan con un sistema propio de partidos diferente del existente en el resto de Comunidades Autónomas, la posibilidad de desarrollar un autogobierno asimétrico sostenido en un marco jurídico específico y distinto del común al de la mayoría de CC.AA. Un estatus político de República Autónoma implicaría además la posibilidad de desarrollar el autogobierno en el marco europeo, disponer de un sistema fiscal, tal y como ya cuentan Euskadi o Navarra, y reclama Catalunya, o poder actualizar el derecho autonómico-foral a otras esferas socio-jurídicas, laborales, civiles.... La ejecución de bienes (Ley VIII del Título XVI) o la normativa entre deudores y acreedores (Ley III del Título XIX) recogidos en el Fuero de Bizkaia son algunos ejemplos de un ámplisimo elenco de precedentes históricos de regulación autónoma sobre diversas cuestiones contemporáneas. Alcanzar un estatus de autogobierno asimétrico no sería sino la renovación de una tradición histórica sostenida en el respeto a una específica voluntad democrática proyectada hacia el futuro.