SI esta crisis se mereciese algún día una película, las primeras escenas serían de abril de 2007, hace ya cinco años. El 2 de abril de ese año quebró New Century, entonces la segunda entidad especializada en hipotecas en Estados Unidos. Y en ese mismo mes comenzó el particular calvario de la entonces más famosa empresa inmobiliaria española, Astroc, que vio cómo su valor bursátil iniciaba un camino sin retorno al abismo. Dos crisis, la nacional y la internacional, que han ido substituyéndose en el centro del escenario de la crisis.

Lejos quedan las actuaciones multilaterales consensuadas, las reuniones de los G8, G20 o GXX para conjurar la crisis, momentos en los que parecía que el mundo sería capaz de sacar lecciones para el futuro. Poco a poco, Estados Unidos y Europa se han ido distanciando en las medidas anticrisis al igual que en la evolución de su situación económica. Estados Unidos, aparentemente un país que no cree en la participación del Estado en la economía, ha sido constante en la introducción de mecanismos de incentivación, tanto fiscales como monetarios, entendiendo que solo la recuperación real sería capaz de ajustar los desequilibrios. Europa, adicta al estado del bienestar, acostumbrada a nivelar las rentas de sus ciudadanos mediante los impuestos, ha comenzado a andar desde verano de 2010 por una difícil senda, la de la ortodoxia fiscal antes que la recuperación, que se ha materializado en una descontrolada crisis de deuda soberana, epicentro de las tensiones financieras y especulación global.

El ministro Cristóbal Montoro lo dijo clarísimamente al presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2012, su primer objetivo es el déficit, el segundo es el déficit y el tercero, el déficit. No hay otra prioridad, ni la economía ni los ciudadanos. No estamos formalmente intervenidos, pero las decisiones relevantes se toman en Bruselas, o mejor dicho, en Berlín. Si las decisiones generales son dudosas, la actitud de Alemania es desconcertante pues parece tener un especial interés en castigar por su falta de rigor en el gasto a los países a los que hasta hace poco ha ayudado mediante fondos estructurales y de cohesión para convertirlos en clientes de sus empresas.

Es cierto que a cualquier contribuyente alemán le tiene que quemar la torpe exhibición de aeropuertos sin aviones, trenes de alta velocidad sin pasajeros y centros culturales sin actividad que jalonan toda la geografía española. Pero ahora ya es tarde. Los inexistentes controles europeos en la ejecución del gasto y la inversión no pueden reemplazarse ahora por un rigor presupuestario que llevará a nuestras economías al rigor mortis. La prioridad ahora debe ser recuperar el crecimiento.

Los Presupuestos Generales del Estado parten de una clara premisa, que no se debe incrementar el IVA. Y esta tozudez, no del todo justificada pues España tiene recorrido para llegar sin mucho problema al 21% o 22%, deriva en medidas tan controvertidas como el incremento del IRPF, la reducción de deducciones del impuesto de sociedades, una batería de recortes no siempre acertados y una tan injusta como previsiblemente ineficaz amnistía fiscal.

El incremento del IRPF hace que este impuesto ya sea confiscatorio para los asalariados, concentrándose la presión en el segmento que tiene más difícil escaparse. Cuando la injusticia fiscal es tan evidente como en la actualidad debido a la sucesión de parches que se han utilizado, no hay más remedio que reformar en profundidad el IRPF para evitar que siga contribuyendo a la sangría del consumo y, sobre todo, atacar con seriedad la economía sumergida.

Pero si grave es el incremento de la presión fiscal a los asalariados, más lo es a las empresas mediante la eliminación de deducciones. Seguro que para más de una multinacional significa el último empujón que le faltaba para irse de España. Ahora es más sencillo y más barato despedir obreros españoles y, además, a igualdad de ventas habrá menos dividendos para repatriar.

La amnistía fiscal no es nueva, la intentaron tanto Boyer como Solchaga, pero los resultados son inciertos, como ya lo fueron en el pasado. Y ahora, además, nos encontramos en un entorno con una carga fiscal muy elevada y estando latente el riesgo de abandono del euro.

El panorama es negro, no cabe duda, tanto por la realidad como por la imagen de España en el mundo. En los próximos meses no podemos esperar grandes inversiones extranjeras, salvo EuroVegas si es que no queda en un EuroTimo, y por contra seguirá la sangría de fondos de nuestras bolsas y la presión a nuestra deuda. Necesitamos, como toda economía abierta, inversión extranjera y ahora solo tenemos, con suerte, especuladores acechados para sacar beneficio de la destrucción de valor de nuestras empresas cotizadas.

Como la única voz que se escucha es la de los euroburócratas y la de los mercaderes globales, hay que afrontar de manera decidida las reformas pendientes y acelerar las reformas en curso para que nos permitan poder estimular nuestra economía.

La reestructuración del sistema financiero español está siendo descomunal, pero la velocidad nunca ha sido suficiente y tampoco ahora pues siempre ha prevalecido la autonomía de gestión de las entidades. Sorprende que entidades nacionalizadas carezcan de limitaciones en sus productos y políticas comerciales y que solo hasta hace muy poco tampoco hubiese restricciones en los salarios de sus directivos. Aun así, vemos cómo se permite que se siga invirtiendo en marcas a punto de ser subastadas, o incluso crearse nuevas, mientras alguna entidad recientemente adjudicada se ha permitido el lujo de abrir oficinas en zonas de expansión. Hace falta un último acelerón para ser creíbles antes de que el efecto de las subastas de liquidez extraordinaria del BCE se difumine totalmente.

La Administración debe rediseñarse y avanzar hacia una administración única real. En un estado a mitad camino entre el centralismo y el federalismo han proliferado todo tipo de organismos por simple mimetismo, algunos de ellos claramente duplicados. España no puede pagarse 17 miniestados ineficientes. El tiempo del café para todos se ha terminado y habrá que ver quién puede pagarse café, té o agua.

La sanidad gratuita universal es un bien fantástico, pero tal vez tampoco la podamos pagar. Hay que plantearse el copago o incluso restricciones en prestaciones universales al menos para ciertos colectivos, lo mismo que ocurre en las mutualidades privadas, donde los cuadros médicos no son idénticos según los colectivos de clientes. Siendo un servicio extraordinariamente sensible, deben evitarse abusos, entre otros el turismo o el reagrupamiento sanitario.

Pero los recortes, por duros y profundos que sean, no serán suficientes. España ha entrado en un círculo vicioso del que solo puede salir con estímulos fiscales, monetarios y directos. Si se quieren vender pisos hay que plantearse líneas de financiación específicas, si se quieren vender coches, planes de incentivación. Hay que lograr que todo euro que invierta el Estado tenga un efecto multiplicador en la economía. Keynes no estaba tan equivocado.

El primero de los males que afecta a nuestra economía es el pesimismo. Para dejar de serlo hay que comenzar a pensar diferente.