MÁS de 17.000 agentes policiales, a los que hay que sumar además los guardias pertenecientes a las distintas policías locales, trabajan actualmente en Euskadi, tanto en la CAV como en Nafarroa, en la seguridad ciudadana. Una cifra sin duda excesiva para la población existente y las cifras de seguridad y de delitos que aportan año a año las distintas fiscalías en sus informes. Esta inflación policial en nuestro territorio -sobre todo en la CAV- tiene varias explicaciones -otra cosa es su justificación- pero son fundamentalmente dos las razones que la han impulsado: la violencia de ETA y su amenaza real sobre gran parte de la sociedad vasca, que ha obligado a redoblar esfuerzos para prevenir, impedir e investigar los numerosos atentados contra la vida y los bienes de muchos ciudadanos y, por otra parte, la tradicional desconfianza y recelo con que los poderes del Estado han acogido sus relaciones con las instituciones vascas y sus actuaciones. Tanto, que incluso se constitucionalizaron, en forma de competencias exclusivas, las funciones que deberían tener las fuerzas policiales en Euskadi. Ciñéndonos a la CAV, en la actualidad hay desplegados por el territorio 8.000 agentes de la Ertzaintza, un número importante y que puede seguir creciendo en función de las necesidades. Por su parte, la Guardia Civil tiene 2.600 efectivos (otros 1.800 en Nafarroa) y la Policía Nacional española, 1.300 agentes más (otros 700 en la comunidad foral). Desde el primer momento, los precursores e impulsores de la Er-tzaintza tuvieron especial celo en configurar un cuerpo que tuviera la consideración de policía integral, en todos sus ámbitos y con todas sus consecuencias. Y así lo ha demostrado la Policía vasca a lo largo de estos casi 30 años de vida en esta segunda etapa tras la recuperación de la democracia. Y así lo ha reconocido también la ciudadanía vasca, que ve en los agentes a "su" policía, cercana y eficaz, garante de sus derechos y libertades y de su seguridad, siempre que no haya responsables políticos como los actuales empeñados en desvirtuar su imagen y sus funciones. Pero ni aun en estas complicadas circunstancias la Ertzaintza ha perdido su carácter integral. Finalizada la violencia de ETA -el propio consejero Rodolfo Ares ha aireado la retirada de escoltas-, es no solo legítimo sino social, política y económicamente necesario cuestionarse la presencia en Euskadi de la Policía Nacional y Guardia Civil, tal y como hizo el pasado domingo el presidente del EBB, Iñigo Urkullu. Los números cantan, y las circunstancias son las que son. Muchos de estos agentes duplican y triplican funciones que ya realiza la Ertzaintza. Ahora que el Gobierno López se ha empeñado en su cruzada contra las "duplicidades" y, según dice, "Euskadi es demasiado pequeña para tener tres de todo", convendría estudiar estas otras "duplicidades", totalmente innecesarias, ineficaces y ajenas a la realidad de Euskadi.