LA polémica desatada por los de momento presuntos recortes en el Departamento de Educación, que se añadirían a los que el sector ya ha venido soportando durante el curso anterior; el fundado temor a una descapitalización humana de EITB, que se suma a la incertidumbre que los profesionales del ente han venido padeciendo ante la continuada descapitalización material y consecuente caída de audiencias de la radiotelevisión pública vasca en los últimos dos años; los ajustes de personal y medios en otros servicios sociales y públicos básicos -desde Osakidetza a Interior pasando por Inmigración u Obras Públicas- que ya han empezado a afectar al ciudadano y a los profesionales que en ellos ejercen; la reiteración del Ejecutivo vasco, tanto por el consejero de Economía, Carlos Aguirre, como por el propio Patxi López, en la defensa de una reforma fiscal que aumentaría la presión tributaria... Son tan evidentes los indicios de que la gestión del Ejecutivo vasco es fallida que solo podían llevar a la razón que los produce: el desfase de 1.200 millones de euros respecto a la previsión realizada por el Gobierno en los presupuestos para este año. El problema para Patxi López y su gabinete es que no pueden subsanarlo vaciando la tesorería, por cuanto ese recurso lo utilizaron ya en 2009, cuando dilapidaron el superávit entregado por la anterior administración. Que tampoco se antoja aconsejable, so pena de hipotecar a futuro la situación financiera de la Comunidad Autónoma Vasca, recurrir al endeudamiento tras haber multiplicado seis veces la deuda en 2010 y cuando la última emisión, en abril de este año, se realizó a un ya preocupante interés del 6,37%. Y, sobre todo, que el actual Ejecutivo no parece capaz de presentar alternativas para afrontar un horizonte económico-social harto preocupante que además se enmarca en lo que se anuncia (pese a que alternativamente se desmiente) como una recesión en Europa que, en cualquier caso, elimina el ya deshecho optimismo que tantas veces utilizaron los responsables económicos del gabinete López al anunciar un inicio de recuperación para el último trimestre del año. Sin embargo, trasladar los efectos de su incapacidad en la gestión a los ciudadanos al conjugar un adelgazamiento del sector público y una rebaja de los servicios que se ofrecen desde la administración con un aumento de la presión impositiva se entiende como una receta tan escandalosamente primaria como poco imaginativa que, además, no cuadra con el mantenimiento de estructuras de gobierno tan amplias (y por tanto caras) como las que ha ido creando el gobierno socialista. Ni tampoco con la negativa del Ejecutivo a aceptar o tan siquiera analizar los planteamientos y proyectos económicos que, en aras a paliar los crecientes problemas del país, le han sido ofrecidos desde la oposición.