Prioridades de gobierno

Es natural que la atención principal en estos aspectos se haya centrado en quienes constituyen novedad a la hora de proponer recetas. Los mensajes de los gestores del PNV son conocidos y el ciudadano los tiene en cierta medida contrastados. Con sus defectos y virtudes, responden a recetas testadas con distinto grado de éxito: aparentemente atinados en muchos aspectos, previsiblemente mejorables en otros y en, todo caso, probablemente necesitados de adaptarse a las nuevas situaciones que tocan. La configuración de un discurso de recetas alternativas recibe el impulso de la frescura de mensajes nuevos, de expectativas nuevas. No merecen el descrédito a priori, pero tampoco la aceptación sin el test de realidad que supone la gestión de los presupuestos y las voluntades sociales que son, unos y otras, limitativas de la etérea formulación en términos absolutos.

Algunos ejemplos. En materia de pacificación, los lenguajes no han estado nunca tan cerca unos de otros y quizá el auténtico consenso se produzca cuando seamos capaces de desprendernos de una cierta teatralidad. El caso del Ayuntamiento de Andoain lleva camino de ser paradigmático en este aspecto. La negativa de la nueva alcaldesa de Bildu a facilitar el acceso al consistorio al personal de escolta está rodeada de una simbología que parece haberse elegido como carta de presentación del nuevo equipo de gobierno. Con independencia de que pueda considerarse que el alcalde socialista saliente alimenta un debate innecesario al pretender ser escoltado como concejal más allá de lo que lo fue como alcalde, la realidad objetiva es que la alcaldesa ha buscado su propia escenificación eliminando del ayuntamiento la seguridad contratada que controlaba el acceso, así como el arco de detección, y dando a la prohibición de acceso de los escoltas la trascendencia de una resolución de alcaldía. Hay en ese proceder un intento de proyectar una simbología propia tan identificable como la relativa a la eventual ausencia o presencia de determinados retratos o banderas oficiales.

Es el signo de los tiempos que Bildu ha elegido agitar como seña de identidad como dos años atrás el signo del cambio de Patxi López era la presencia de mandos policiales y militares en la Casa de Juntas de Gernika, un aurresku acompañado al oboe o el aspecto del mapa del tiempo. Pero esa estrategia no ha servido para llenar de contenido otros aspectos de la gestión que, estos sí, deberían ser prioritarios y no debe distraer tampoco ahora de lo sustancial. En este sentido, la Declaración de Gernika se ha convertido en un cierto mantra que los representantes de Bildu esgrimen cuando se les pide compromiso con el fin de ETA. Efectivamente, Gernika materializó una inflexión que venía gestándose y que estos días defiende Arnaldo Otegi en la Audiencia Nacional como un proceso de rechazo de la estrategia de ETA y definición de una propia y alternativa en el seno de la izquierda abertzale. Los hechos han permitido superar ese hito en tanto que el alto el fuego verificable, unilateral e incondicional que se reclamaba está en vigor. No así la irreversibilidad del abandono de la violencia y es ahí donde la responsabilidad de ese proyecto está más vigente. Liquidar a ETA no es, como parece pretenderse, labor solo de la propia ETA. El apremio debe ser insistente y esa manifestación también debe encabezarla la izquierda abertzale.

La otra prioridad que parece haberse instalado en las agendas tanto de Bildu como del lehendakari López es la reforma fiscal. PSE y Bildu se hacen ojitos desde el principio general de asunción universal de que pague más el que más tiene. Bajar al terreno de las realidades requiere de más recorrido que el simple enunciado. No sabemos aún por dónde transitan las reflexiones de unos y otros en materia de IRPF, pero si algo ha tenido de virtud el modelo vasco sobre el del régimen general aplicado por la Agencia Tributaria ha sido la mayor progresividad. Profundizar en ella no es una cuestión de elevar la presión fiscal global sino de acomodar a cada nivel de renta su aportación más justa sin que la multiplicación de tramos complique la ejecución del impuesto de un modo que se pierdan en el procedimiento las virtudes que se aspiran a generar.

En materia de fiscalidad empresarial, el camino es aún más escabroso y lo poco de lo que se ha dicho algo hasta la fecha tiene aspecto de incompleto. Tuve ocasión de preguntar al respecto al nuevo diputado de Gipuzkoa, Martin Garitano. Quizá fue un poco prematuro, toda vez que aún no tenía un equipo de gobierno en el ejercicio de sus funciones, pero confirmó públicamente que la reforma que desearía sacar adelante no contempla modificar el tipo general del Impuesto de Sociedades pero sí incidir sobre las deducciones. Si se pretende recaudar reduciendo las deducciones a los beneficios, está por ver el modelo alternativo de incentivo de la actividad económica que sustituye al fiscal. El tejido económico entrelazado en las últimas décadas ha tenido la fiscalidad como uno de sus pilares. No ya en términos de vacaciones o exenciones, sino de premiar con deducciones un listado de iniciativas empresariales que han permitido asentar una estructura cuya capacidad de generación de PIB, producción industrial, capacidad exportadora y generación de empleo. Es la base que ha permitido que la crisis vigente nos castigue con resultados menos dramáticos que en nuestro entorno.

Del listado de deducciones a los beneficios empresariales que están en vigor se me hace difícil señalar las prescindibles. Inversiones en activos; aportaciones a la difusión y protección del Patrimonio Cultural (en las cajas eso se asigna a la obra social que también se quiere proteger); dotación para inversiones productivas; I+D; innovación tecnológica; conservación y mejora del medio ambiente y eficiencia energética; inversión para la exportación; gastos de formación de personal; planes de pensiones y mutualidades del personal; aumentos de plantilla. ¿Cuál de estos apartados consideramos prescindible? Modificar el modelo vigente es lícito pero requiere definir, ponderar y medir el impacto económico de las alternativas. Y explicarlas nítidamente. Intervenir solo sobre la recaudación puede tener dos efectos perversos: desfondar el tejido productivo retirándole uno de sus pilares y equiparar fiscalmente a quienes han apostado por invertir en la sostenibilidad y creación de riqueza con aquellos que sólo han primado el rendimiento bruto. Hablemos, pues, de reforma fiscal si es preciso. Pero que no se alargue demasiado el período de enunciados porque la próxima fase de la crisis nos puede pillar desmontando nuestro imperfecto modelo de crecimiento.