EL reparto de las ayudas que el Gobierno que preside Patxi López consigna en sus presupuestos bajo el epígrafe Diversos Departamentos para destinarlas a reforzar los fondos económicos de los ayuntamientos de poblaciones con menos de 150.000 habitantes, es decir, todas menos las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca, adolece por segundo año consecutivo de una manifiesta arbitrariedad, más cuestionable si cabe al tratarse de ayudas que, salvo en tres casos, tienen un carácter discrecional ya que no presentan un fin específico. Que más de ocho de cada diez euros de esas ayudas, un total de 8,4 millones, se hayan destinado a cuatro de los cinco municipios vascos en los que gobierna el PP -Labastida, Lantziego, Iekora y Baños de Ebro, todos en Rioja alavesa- y el resto se haya repartido entre tres municipios con gobierno del PSE, Moreda, Andoain y Lasarte, o con gobierno independiente apoyado por el PP -Gorliz y Plentzia- y, por tanto, que ni un solo euro de esas partidas haya ido a la gran mayoría de ayuntamientos gobernados por formaciones abertzales solo puede deberse a la suplantación de los principios de la administración pública por intereses privados del partido socialista y del pacto que les permitió acceder al Ejecutivo vasco. Al hacerlo, el Gobierno López no trata de responder a los problemas socio-económicos existentes en correspondencia con el sentido común o siquiera en base a una escala de necesidades en la sociedad, sino que subordina el bien general a la afinidad u oportunidad política particulares correspondiendo con cargo a los presupuestos públicos al apoyo o la camaradería políticos. Tal práctica, que rompe con los principios del buen gobierno ahora que el propio gabinete socialista acaba de publicitar un código al respecto -que debería ser de todo punto innecesario al ser su observancia conditio sine qua non de cualquier cargo público-, tiene además varias características no menos esenciales que la hacen aún más reprobable: condiciona la capacidad inversora de los ayuntamientos durante la segunda mitad de la legislatura y, por tanto, la labor municipal cuando se afrontan elecciones en ese ámbito institucional; lo hace tras haber anulado con el único razonamiento del recorte del gasto debido a la crisis económica el Programa Izartu puesto en práctica por los anteriores ejecutivos, del que se beneficiaban decenas de municipios independientemente de la adscripción política de sus ayuntamientos; carece del control efectivo del destino que aquel plan sí exigía a la concesión de las subvenciones no reintegrables; y acaba o limita extraordinariamente la excelente interlocución interinstitucional que había venido existiendo entre los ayuntamientos y el Gobierno vasco. Pero, sobre todo, deriva en una menor capacidad para que las instituciones más cercanas respondan a las verdaderas prioridades de los ciudadanos.