Los límites de la intervención en Libia

LAS reticencias mostradas por algunos países, caso de Alemania, Rusia o China, ante la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de la resolución 1973 que autorizó el pasado jueves a "tomar todas las medidas necesarias" en Libia para "proteger a los civiles y a las áreas pobladas bajo amenaza de ataques", incluyendo la creación de una zona de exclusión aérea, permitían intuir la dificultad de establecer los límites de la operación militar que, de una u otra forma, debía ponerse en marcha para hacer efectivo ese mandato de Naciones Unidas. La reacción de la Liga Árabe al cuestionar el desarrollo de esa operación en sus primeras horas, pese a haber impulsado una resolución anterior, la 1970, que condenaba al gobierno de Gadafi, congelaba los bienes del dictador y permitía abrir contra él un proceso ante la Corte Penal Internacional por delitos contra la humanidad; constataba el casi imposible equilibrio en que se realiza la intervención. Y las mismas discrepancias entre los estados que han aportado efectivos militares respecto al desempeño del mando, la coordinación, el alcance y los objetivos de la fuerza multinacional no hacen sino confirmar el peligroso laberinto en que ha entrado la ya anteriormente difícil relación con el mundo árabe. Cierto es que la comunidad internacional no podía abandonar al pueblo libio ante la represión de Gadafi, el mismo Gadafi al que algunos han agasajado no hace tanto, sin enviar un mensaje implícito de aceptación de la crueldad a otros países, lo que hubiera contribuido a paralizar los aires de cambio que se expanden más allá del Magreb, pero al inmiscuirse militarmente en el conflicto interno libio se obliga a responder de modo similar en el futuro -el caso de Yemen no parece tan lejano y en el horizonte se adivina en Siria un proceso de mucho más difícil control- con el consiguiente riesgo de extensión y de deriva hacia un enfrentamiento entre civilizaciones que no estará libre del interés por el control de la producción energética. Que la decisión de intervenir se pueda considerar finalmente un mal siquiera menor dependerá, por tanto, no sólo de los límites con que se emplee la fuerza sino también del límite temporal de su empleo, algo a lo que sin embargo no parece contribuir la situación sobre el terreno en la misma Libia o, al menos, lo que se conoce de ella. Porque la desproporción de fuerzas favorable a Gadafi en la guerra civil no cambiará en el corto plazo sin una intervención terrestre de las fuerzas internacionales que la resolución de la ONU excluyó explícitamente y a la que la mayoría de los países se resiste o, en su defecto, sin la desaparición del dictador y de quienes están llamados a sucederle, a pesar de las numerosas declaraciones -entre ellas la del propio Zapatero- negando que el objetivo de la operación militar sea acabar con Gadafi y su régimen.