Inestabilidad y responsabilidad

AUNQUE las consecuencias, más que evidentes en la sociedad, de la crisis económica global, y su afección directa a la economía del Estado -y por su relación con ésta, a la de Euskadi- con la amenaza de intervención internacional y rescate por la Unión Europea del Estado español, desatada dos veces este año, la última apenas hace tres semanas; parecen sumidas en una tregua navideña que soslaya la gravedad de la situación, ésta no se ha alterado. Que de las advertencias de los analistas internacionales sobre una próxima intervención hacia Portugal y España (y quizás Italia) se haya pasado al aserto público del presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, negando que la misma vaya a tener lugar, no significa que la economía estatal no esté bajo advertencia y no precise de una estabilidad institucional que quienes deben proporcionarla, los mismos que trasladan sus déficits de gestión al bolsillo de los ciudadanos, no parecen tener en cuenta. En ese panorama, actitudes poco explicables, como el hecho de que José Luis Rodríguez Zapatero, en un acto informal, confiese que tiene ya decidido -y que ha trasladado a su círculo más íntimo- la decisión respecto a su candidatura en 2012; o difícilmente justificables, como la ausencia de reacción del Gobierno vasco a la desconfianza que reflejan los estudios sociológicos más allá de la negación de la evidencia hecha patente el viernes en el análisis beátifico de la portavoz Idoia Mendia, contribuyen en muy poco a proporcionar siquiera una mínima sensación de seguridad a la ciudadanía y a quienes deben ejercer, desde la sociedad civil, el papel de motores de la recuperación. Más allá del malestar evidente con la clase política -o al menos con la clase política de cierta clase- reflejada en la desafección y quizás de alguna forma también en la serenidad con que el ciudadano afronta, y soporta, el progresivo desmantelamiento del sistema de protección social y laboral del Estado de bienestar -reforma del mercado de trabajo, reorganización del sistema de pensiones públicas, negociación colectiva, ayudas sociales...- y, en el caso de Euskadi, las carencias de una acción de gobierno indefinida y sin norte que pese a contar con mayoría parlamentaria nunca se ha basado en un apoyo social suficiente; se antoja exigible a unos y otros al menos ciertas dosis de competencia y sensatez que, de momento, no han puesto en práctica. Y no se trata ya, o al menos no únicamente, de que los gobiernos socialistas, allí y aquí, hayan renunciado a valores anclados históricamente en su ideología, bien por la presión de los denominados mercados, bien por la del socio preferente, sino de que unos y otros asuman al menos el nivel de responsabilidad que se les supone en el ejercicio del gobierno. Urgentemente.