MÁS allá de algún caso puntual en el que la gestión desarrollada por el Departamento de Educación del Gobierno vasco que dirige Isabel Celaá son motivo de honda preocupación por los indicios de una presunta utilización interesada de las potestades del cargo en determinados nombramientos, la política general de la Consejería ha situado al sector educativo en una situación de estrés que difícilmente puede provocar nada más que una rebaja de la calidad de la enseñanza vasca, hasta ahora altamente valorada tanto en la propia Comunidad Autónoma como en el exterior, a través precisamente de la eliminación paulatina de las especificidades que la habían convertido en competitiva. No se trata únicamente de que el equipo de Celaá haya puesto todo su énfasis en la eliminación de lo que denomina términos identitarios, ni de que lo haga con el único fin de uniformizar la educación vasca con la del resto del Estado por un mero afán ideológico, que también, sino de que dicho pretensión, al ser llevada a la práctica, supone además un retroceso en la calidad de la enseñanza con efectos visibles en ámbitos como la euskaldunización y la Formación Profesional, que son esenciales en una sociedad encaminada por deseo propio al bilingüismo y en la que la FP ha sido vivero de trabajadores cualificados para sectores vitales de la industria de nuestro país. En el ámbito de la euskaldunización, el intento de reformular el sistema de modelos, reconvertido por la fuerza de la casi unánime matriculación en modelos D y B en una poco elaborada propuesta hacia el trilingüismo que ha encontrado una ínfima aceptación entre los centros públicos, únicamente tenía como objetivo reforzar la enseñanza en castellano enfrentada a la reiterada apuesta social por los modelos en euskera. En el de la Formación Profesional, el recorte presupuestario del 35% en 2010 y la reducción anunciada del 25% en los conciertos educativos en el próximo curso suponen la culminación de la ruptura con el planteamiento desarrollado durante la última década -con buenos resultados, por cierto- pero también con la política educativa que desarrollan los principales países europeos. La reducción de los cursos del programa Irale para capacitación lingüística del profesorado, el desdén hacia las Eskola Txikiak, el recorte en las ayudas para la escolarización de 0 a 3 años o la apresurada, no consensuada y desordenada implantación del programa Eskola 2.0 como mera traslación de la iniciativa estatal y el consiguiente malestar en los profesionales de la educación son sólo otros ejemplos del efecto que las nuevas directrices emanadas del Departamento que dirige Celaá están teniendo en la enseñanza. Con el agravante de que dicho deterioro se produce únicamente por la anteposición de los principios de un pacto político, el firmado por PSOE y PP, a los intereses reales de la sociedad vasca.