Ni pacto ni social
ARALAR no suscribirá el denominado "pacto social por la vivienda en Euskadi", tal y como ha sido presentado por el Gobierno vasco. Dicha propuesta trae consigo una premisa que consideramos inasumible, ya que se basa en la falsa premisa de que sólo la promoción de vivienda libre es capaz de afrontar los compromisos y las cargas de urbanización y ejecución de la ordenación urbanística, erigiéndose así la promoción privada de vivienda libre en motor exclusivo del desarrollo urbano. En realidad, se viene a decir que las posibilidades tanto de incrementar el parque de vivienda protegida como de renovar la ciudad ya construida deben quedar supeditadas a que se establezcan garantías para que la vivienda libre se pueda seguir vendiendo a los precios desorbitados por el mercado especulativo del suelo. De ahí que las líneas de actuación más operativas que se formulan en el documento pretendan no la regulación, sino una nueva desregulación del mercado del suelo. Esto es, ante un modelo que se ha demostrado inservible para dar salida a la demanda social de acceso a una vivienda digna, en vez de cambio de modelo, proponen ajuste con desregularización.
Aunque consideremos totalmente necesarios algunos de los principios programáticos que se recogen en el documento (como la necesidad de impulsar la política de alquiler y de rehabilitar el parque edificado; la conveniencia de limitar la expansión urbana y el consumo de nuevos suelos; la exigencia de centrar la intervención pública en la puesta en valor de los espacios urbanos degradados y el compromiso social con los barrios menos favorecidos; la propuesta de reorientar el sistema fiscal para que deje de primar el régimen de uso en propiedad), para Aralar el diagnóstico del que parta cualquier propuesta o Plan en materia de vivienda debe ser el contrario.
La presión de un mercado del suelo apenas regulado ha desbocado la construcción de mucha más vivienda libre que la realmente necesaria, provocando tres poderosos factores agravantes de la crisis económico-financiera: el colapso del mercado de la vivienda libre, el extremo endeudamiento de las familias (que se han visto obligadas a hipotecarse al límite para disponer de vivienda), y la degradación de los activos financieros asociados a préstamos para la adquisición masiva de suelo.
Ese erróneo punto de partida echa por tierra la credibilidad de las líneas programáticas con cuya formulación genérica podríamos estar de acuerdo. El urbanismo basado en la maximización de los beneficios generados por la promoción de vivienda libre, con su altísima repercusión del valor del suelo, es realmente incapaz de asumir en proporciones adecuadas la construcción de vivienda en alquiler (en la que el suelo no repercute) o de rehabilitar eficazmente el parque edificado. Tampoco puede renunciar a la continua expansión urbana, porque en el crecimiento continuo del suelo artificializado radican las expectativas de especulación del suelo; ni abordar con fundamento la renovación de los espacios urbanos degradados, porque su transformación resulta bastante menos rentable que la urbanización directa del suelo rústico.
La negativa a admitir el rotundo fracaso de un urbanismo basado en el liderazgo de la promoción privada de la vivienda libre desacredita asimismo las llamadas a la iniciativa y a la corresponsabilidad entre administraciones para satisfacer las necesidades de vivienda; o al mantenimiento de principios elementales de sostenibilidad económica, ecológica o social.
El documento con que se pretende formalizar ese "pacto social por la vivienda" propone básicamente dos cosas: La primera (reto 1), incrementar la disposición de suelo para la promoción privada de vivienda libre, aligerándole además las cargas de urbanización. No parece que la promoción privada se muestre muy dispuesta a asumir semejante despropósito, cuando el problema real radica en el gran número de viviendas construidas que no se venden y en las grandes superficies de solares vacíos, cuyas licencias de edificación han caducado, y de terrenos clasificados innecesarios. La segunda (acción 12), la eliminación de las únicas medidas hasta ahora empleadas para la regulación del mercado del suelo: los porcentajes legalmente obligatorios de reserva de vivienda protegida y de cesión de derechos urbanísticos para la constitución de patrimonios municipales de suelo. Lo cual supone una diametral regresión respecto a la legislación urbanística reciente.
Pero lo que, sobre todo, resta credibilidad a la propuesta es la ausencia de fórmulas o compromisos administrativos o medidas extraordinarias de financiación que asegurasen el cumplimiento de las buenas intenciones que adornan el documento. La promoción de viviendas en alquiler y el incremento de la rehabilitación y de la renovación urbana requieren una reorientación urbanística profunda, que contemple medidas concretas y efectivas: la reorganización e integración de los servicios públicos de vivienda, que garanticen la generalización de las promociones de alquiler social, potenciando los planes municipales y los servicios municipales de vivienda como sector público; el apuntalamiento de la iniciativa e intervención pública municipal en los entornos urbanos degradados, aportando seguridad jurídica en las operaciones complejas de renovación urbana, comprometiendo a las diferentes administraciones en la solución de la problemática de los realojos. Se requieren medidas legislativas que aseguren que la renovación urbana y la rehabilitación edificatoria se impulsen desde el planeamiento y la gestión urbanística pública. Por el contrario, el "pacto social" ofrecido por el Gobierno viene a proponer más de lo mismo que nos ha conducido a la crítica situación actual: más suelo edificable, con menos cargas para la promoción privada, y completa desregulación de su mercado especulativo.
Creemos que dejamos clara nuestra postura en materia de vivienda, y así se lo hemos hecho saber al gobierno, no cerramos ninguna puerta, por lo tanto si quieren contar con Aralar en esta materia las premisas están claras.