SIEMPRE caben las enseñanzas. El hecho más anodino, la decisión que parece más inocua, nos permiten sacar conclusiones que, generalmente, llevan a un nuevo debate. La actual crisis ha generado mucha discusiones y ha deparado un sinfín de disputas y controversias. Más allá de los aspectos económico-financieros definitorios de la crisis, tan alejados del alcance y los conocimientos de la gran mayoría de los ciudadanos, las dudas han surgido alrededor de los medios para atajarla, de su intensidad, del momento oportuno para actuar y, por fin, de quienes han de comprometerse en solución. Tantos espacios para la discusión, dejados en manos de la clase política, se han convertido en un campo de batalla cuyo objetivo prioritario ha sido la obtención de réditos electorales.

Es cierto que el Gobierno socialista se ha mostrado remiso a la hora de aplicar medidas y ha alimentado las controversias iniciadas por un PP que siempre ha tenido clara su estrategia y su objetivo: debilitar al Gobierno no aportándole ni un solo apoyo. Ni una sola medida ha sido apoyada y, lo que es aún peor, ningún proyecto ha sido aportado para favorecer la solución de los problemas. De modo que cuando el Gobierno, obligado o conminado por las instituciones europeas, ha tomado un abanico de medidas, algunas de ellas ciertamente traumáticas para amplios sectores de la ciudadanía, tampoco ha dudado en acusar al Ejecutivo de haber gobernado los dos últimos años a golpe "de engaños, de incompetencia, de improvisación y de despilfarro", según palabras del diputado del PP Alonso Aranegui.

Los ciudadanos, hipersensibilizados por las características sociales de las medidas, no parecen dispuestos a sacar conclusiones con meticulosidad. También ocurre que la propia clase política se encuentra tan ocupada en el debate partidista y electoral que no se para a explicar lo que hace ni por qué lo hace. Ese es, hoy, el gran déficit del PSOE como partido: no haber sido eficaz en la explicación de la acción política de su Gobierno. Porque no es verdad que el Gobierno haya permanecido impasible ante la crisis. En los dos últimos años, el Parlamento ha aprobado más de cien medidas anticrisis tendentes a activar la economía, promover el consumo, apoyar a los sectores más afectados y crear empleos. Puede que tales medidas no fueran del agrado de las derechas, para las cuales las medidas idóneas en tiempos de crisis siempre han pasado por poner la economía a su servicio, abaratar los costes de la producción desestabilizando la mano de obra y rebajando los salarios, disminuir las cotizaciones sociales a la Seguridad Social y bajar los impuestos. Como el Ejecutivo no puso sobre la mesa demasiadas medidas estructurales en esa dirección, sus críticas han sido más y más feroces. Sin embargo, nadie ha renunciado a los beneficios y aportaciones correspondientes a tales medidas, ni los ayuntamientos y autonomías gobernadas por el PP ni los empresarios y entidades financieras, que casi siempre suelen estar en su ámbito de influencia.

El mismo diputado popular Sr. Alonso se ha permitido culpar al ministro Blanco de "mezclar los ingredientes: demagogia, frivolidad, sectarismo y un optimismo antropológico que ha estado a punto de llevarnos a la ruina". Curioso atrevimiento de quien pertenece a un partido que ha negado al Gobierno la posible firma de un pacto contra la crisis y de un pacto educativo. A esa actitud sólo cabe calificarla de irresponsable e insolidaria para los españoles.

Por si fuera poco, también han mostrado sus reticencias ante frases pronunciadas por el presidente Zapatero relativas a la posibilidad de subir los impuestos a las grandes fortunas. La simplificación de lo anunciado por parte de la dirección del PP ha tenido la pretensión de conseguir que tal medida se exprese públicamente con el escueto titular de que "el Gobierno sube los impuestos". Desde varias tribunas, incluida la solemne del Congreso de los Diputados, el portavoz económico del PP, Sr. Montoro, ha mostrado ya su posición contraria a tal imposición, lo cual es tanto como decir que el déficit público sólo debe ser reducido mediante la disminución del gasto y nunca mediante el aumento de los ingresos a través de políticas fiscales más progresivas que las actuales, más acordes con la tónica europea. Porque conviene que los ciudadanos sepan que la presión fiscal es en España cerca de diez puntos más baja que en Europa. Y conviene que sepan que la disminución de las partidas de gasto puede llegar a poner en riesgo buena parte de las políticas derivadas del estado de bienestar que disfrutamos en España, construido tras la llegada de la democracia gracias, principalmente, a las convicciones y esfuerzos de las seis legislaturas durante las que ha gobernado en España el PSOE.

Lo más cínico, aparte del propio rostro del Sr. Montoro en la tribuna, fueron las dudas mostradas por él al referirse a "los ricos". Al parecer, le cuesta discernir entre un rico y un pobre. Para librar a los ricos de una imposición superior, y por tanto más justa, ha acudido al socorrido recurso de afirmar que cualquier subida recaerá en las sufridas clases medias. Su interesado desparpajo le ha llevado a criticar incluso la frase venial y comedida con que el presidente introdujo la noticia: "Para mitigar la crisis y sus consecuencias han de contribuir en mayor medida los que más tienen". Resulta tan despreciable como cínica su actitud, toda vez que su desvergüenza llegó a tal que ironizó sobre la cantidad de dinero que debe tener alguien para que sea considerado opulento. Desde luego que la riqueza no se mide exclusivamente por medio de los números y las cantidades pero, de modo simplista, basta con conocer las rentas medias en España para concluir que quienes están por encima son ricos, o tienen más posibilidades de serlo, y quienes están por debajo son pobres.

Sin embargo, pongámonos más exquisitos en el discernimiento porque el presidente Zapatero sólo se refirió a grandes capitales y rentas, que suelen ir emparejados. La riqueza, cuando llega a convertirse en vergonzante opulencia (que no es otra cosa que la opulencia huraña y avara que se niega a pagar de lo que le sobra para ayudar en sus necesidades a quien le falta), es cuando alcanza esas cifras tan difíciles de leer y pronunciar si no te las dan escritas con letras. Por ejemplo, son opulentos vergonzantes los controladores aéreos capaces de hacer huelgas por razones salariales. O los altísimos ejecutivos de las empresas y multinacionales con sede en España, cuya media supera con muchas creces el millón de euros. O el presidente de una gran empresa eléctrica con sede en Bilbao, que en el año 2008 ganó 6,3 millones de euros, lo que supuso un incremento del 40% respecto del año anterior (en plena crisis). O los 23 futbolistas seleccionados para representar a España en el Mundial de Sudáfrica, que ganan entre todos la flamante cifra de 83 millones de euros, sin contar lo que perciban por primas o por contratos de publicidad. Etcétera, etcétera.

Éstos y algunos más, siempre que se dediquen a esquivar el pago de los impuestos que les correspondan o se muestren mezquinos con quienes los fijan en tiempos de necesidad o acudan a paraísos fiscales en el extranjero, serían unos ricos vergonzantes, por más que Montoro o Rajoy no se atrevan a considerarles como tales.

* Diputado del PSE-EE