UNA reunión para concertar la próxima reunión. Así podría resumirse la primera cita de la comisión interministerial y los partidos con representación parlamentaria en las Cortes que la vicepresidenta económica del Gobierno español, Elena Salgado, había definido previamente como Diálogo Político para la Recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, un título con demasiadas palabras para los tres folios de un guión tan general e indefinido como el que el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero había hecho llegar a las formaciones políticas apenas doce horas antes de la cita. Esos antecedentes y el formato de la comisión ya cuestionaban la utilidad de la misma, pero su desarrollo generó incluso más interrogantes sobre su viabilidad y las verdaderas intenciones del Gobierno español al convocarla pese a conocer sobradamente la imposibilidad de lograr acuerdos globales entre formaciones que defienden iniciativas distintas y hasta contrapuestas. Josu Erkoreka lo definió muy claramente al término de la cita al señalar las "dificultades objetivas" para que "quienes proponen subir impuestos, quienes proponen bajadas de impuestos y quienes no quieren retocarlos" lleguen a un punto en común, aunque quizás por cortesía parlamentaria no llegó a pronunciar la idea que flotaba en el ambiente: el gobierno podía haberse ahorrado la convocatoria e iniciar directamente las reuniones bilaterales con las que, a partir del lunes, tratará de acercar posturas con cada uno de los partidos de la oposición. De hecho, la comisión únicamente ha logrado potenciar la negativa sensación de que el Ejecutivo Zapatero sólo pretendería "un revestimiento formal y mediático", en palabras del propio Erkoreka, o "simplemente una foto de sofá" como expresó más gráficamente el portavoz de ERC, Joan Ridao, que dé continuación a la única política que ha desarrollado hasta la fecha contra la crisis y además con poco éxito, la de la imagen pública, a la espera de que sean otros quienes ejerzan la responsabilidad y diseñen y planteen medidas que competen al gobierno. Todo ello guarda además una enorme semejanza con la acción en el ámbito económico del gabinete que preside Patxi López, lo que inclina a intuir que se trata en realidad de una estrategia general de los socialistas más centrada en paliar el evidente desgaste electoral que en afrontar y minimizar las consecuencias de la situación en la economía y la sociedad. Los vaivenes del Ejecutivo español, con continuos anuncios de medidas que rectifica casi inmediatamente -las últimas, la revisión de los salarios de los funcionarios o las excepciones a la subida del IVA- acrecientan dicha percepción y, al mismo tiempo y más grave, minan la ya mermada confianza de la sociedad en la eficacia de los gobiernos y, por extensión, de la clase política.