LAS declaraciones del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que reavivan la polémica sobre la reforma de las pensiones al abogar por un reajuste del periodo de cómputo y cálculo de las mismas, las del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al respecto de la reforma laboral y del retraso de la edad de jubilación y los actos de protesta convocados por las centrales sindicales parecen haber abierto ya de manera definitiva el debate sobre la viabilidad de la Seguridad Social que, sin embargo y normalmente, elude las cifras de un sistema que en 2009 ha vuelto a alcanzar un superávit de 8.501 millones de euros. De hecho, pese a que ese resultado supone un descenso del 41% respecto al superávit del año anterior, es también un 0,8% del Producto Interior Bruto cuando en abril de 2009 el Gobierno español envió a Bruselas una previsión sobre el excedente de la Seguridad Social del 0,2% del PIB, lo que evidencia que cualquier previsión a largo plazo al respecto es simplemente eso, una previsión no necesariamente exacta y mucho menos exenta de sus correspondientes intereses. La realidad es que durante el pasado año los ingresos por cotizaciones sociales ascendieron a 106.440 millones de euros (-1,5% interanual), mientras que el pago de las pensiones no contributivas supuso 89.991 millones de euros (+6,2%), incremento que se relativizó por el descenso (-11%) en el pago de incapacidades temporales, 7.226 millones. Quiere esto decir que en la balanza entre cotizaciones y pensiones más incapacidades, es decir, en el cálculo elemental de la salud del sistema de pensiones, el resultado es de un superávit aún mayor: 9.223 millones de euros que prácticamente equivalen al coste de la pensión media (875 euros x 14 pagas) de los ocho millones largos de pensionistas del Estado durante un año. En otras palabras, hoy en día el sistema genera superávit suficiente cada año para abonar casi dos anualidades. Pero, además, en estos momentos, el Fondo de Reserva de las pensiones supera los 62.000 millones de euros a los que se deberían añadir otros 8.000 provisionados por el Gobierno para hacer frente a los aplazamientos de las empresas derivados de la mala situación económica. O, lo que es lo mismo, la viabilidad del sistema debería estar asegurada durante ocho años sólo con lo que hay en caja y sin contabilizar que los ingresos por cotizaciones durante ese periodo deben seguir produciendo, incluso si se reducen, nuevos excedentes. No es en la actualidad cuando las pensiones -que únicamente han tenido superávit en diez de sus cien años de vida desde que en 1908 se creara el original Instituto Nacional de Previsión- afrontan un futuro más incierto. Su actualización, de ser necesaria, exige una redistribución global que no afecte sólo en una dirección, redistribuya el sistema y acerque su gestión a quienes lo mantienen y a aquellos que dependen del mismo.