EL comunicado emitido el martes por las familias de los arrantzales del Alakrana secuestrados en Somalia y las palabras de la hermana de Iker Galbarriatu, el capitán del atunero bermeano, buscan una claridad en sus exigencias que no les impide reflejar la angustia, difícilmente soportable tras tres semanas de secuestro y cinco días sin tener noticia alguna respecto al estado en que se hallan sus familiares o el momento en que se encuentra el proceso de negociaciones encaminadas a conseguir su liberación. Una angustia a la que el Gobierno español tiene el deber de poner fin cuanto antes pero que, junto al Gobierno vasco, también está obligado a paliar en la medida de lo posible mientras no se produzca el esperado desenlace. Y tanto por las palabras de los familiares como por la actitud previa y posterior al secuestro de ambos ejecutivos no parece que la diligencia de ambas administraciones haya estado en sintonía ni con sus obligaciones ni con las necesidades de quienes están sufriendo un episodio que, probablemente, se podía haber evitado de haber sido escuchadas las demandas que arrantzales y armadores llevan realizando desde hace años y que tuvieron reflejo en DEIA ya en 2006. A esa falta de diligencia y previsión se ha unido además la temeridad. La prueba está en que la detención de dos de los piratas y su traslado a Madrid no ha ayudado en nada a la negociación y en que las extrañas diferencias de criterio en las pruebas médicas y entre Baltasar Garzón y Santiago Pedraz sobre la liberación de uno de ellos no van a tener incidencia alguna en el mismo, según afirmó ayer Abdi Madobe, uno de los portavoces de los piratas. Para colmo, todo ello ha estado acompañado de buenas dosis de imprudencia en las declaraciones de los responsables gubernamentales, desde la ministra de Defensa, Carme Chacón, al tratar de ocultar los verdaderos motivos de la falta de seguridad militar en los atuneros o al dudar de la veracidad de los ataques anteriores, pasando por la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa de la Vega, cuando consideró el riesgo de un secuestro inherente al trabajo de los arrantzales; hasta la consejera del Gobierno vasco, Pilar Unzalu, quien el día en que se produjo el secuestro mostró un desconocimiento increíble al negar el ataque previo de los piratas al Alakrana y ayer mismo, a sabiendas ya de la ansiedad y la incertidumbre de las familias de los secuestrados, tuvo el atrevimiento de afirmar que "se está haciendo una utilización política del dolor" por la convocatoria de concentraciones para exigir la liberación, frase que, sin duda, no hubiera sido pronunciada -con muy buen criterio, por cierto- si los autores y las víctimas del secuestro hubieran sido otros. Cabe concluir, por tanto, que la labor de ambos gobiernos ha sido totalmente ineficaz cuando, como apuntaba ayer en Bermeo Argi Galbarriatu, en estos casos "nada es suficiente".