Un tribunal de apelaciones ha avalado la política del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump que permite mantener detenidos sin acceso a fianza a amplios grupos de migrantes indocumentados a los que pretende deportar.
En un fallo dividido de los tres jueces, la corte ha respaldado la postura de la Administración Trump, que reinterpretó una ley de Inmigración para sostener que los migrantes sin documentación detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tienen derecho a una audiencia de fianza.
"Tras revisar cuidadosamente las disposiciones y la estructura pertinentes de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la historia estatutaria y la intención del Congreso, concluimos que la posición del gobierno es correcta", ha afirmado el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito en su sentencia, emitida la noche del viernes. Dicha ley data de hace más de 30 años y exige la detención, sin audiencias de fianza, de todos los solicitantes de admisión en Estados Unidos.
"La agenda de ley y orden"
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha celebrado la victoria judicial con un mensaje en la red social X (antes Twitter) en el que sostiene que continuarán "defendiendo la agenda de ley y orden del presidente Trump en los tribunales de todo el país".
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito tiene jurisdicción sobre los estados de Texas y Luisiana, donde se encuentra una gran parte de los centros de detención para migrantes en el país.
Se espera que otros tribunales de apelación se pronuncien al respecto en los próximos días, en un caso que podría alcanzar el Tribunal Supremo.
Detalles legales
Los gobiernos anteriores apenas la aplicaban a aquellos migrantes que llegaban recientemente al país, sobre todo por la frontera sur con México. En su lugar, los migrantes indocumentados tenían derecho a audiencias de fianzas y a convencer a un juez de Inmigración de que no representaba riesgo de fuga.
El fallo revierte decisiones de tribunales inferiores que habían considerado que la postura del Gobierno era ilegal, y otorga un escudo legal para continuar con las detenciones y deportaciones masivas durante su ofensiva migratoria.
